La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que la trama por la que se detuvo a Leire Díez, al empresario Antxon Alonso y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría amañado al menos cinco contratos públicos por un total de 132,9 millones de euros. Los agentes sospechan que los investigados -que este sábado han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial- se repartieron importantes comisiones con estas operativas.

La Policía Judicial pone el foco en adjudicaciones que salieron de entes públicos como Mercasa, Sepides, Enusa (de la que fue jefa de comunicación la conocida como fontanera del PSOE entre 2018 y 2021) o la propia SEPI a empresas como Servinabar, Forestalia, Residuos de Melilla, Tubos Reunidos y la mercantil de demoliciones Erri Berrri.

Asimismo, fuentes de la investigación confirman que los tres imputados (sobre los que pesan los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal) se valieron de un grupo de WhatsApp para comunicarse entre ellos. Dicho grupo se llamaba “Hirurok” (que en vasco se traduce como “nosotros tres”). La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, se encuentra en un estado muy embrionario, por lo que todavía restan muchas diligencias por practicar en aras a cuantificar el presunto reparto de mordidas y también el daño al erario público.

Ponen el foco en contratos desde 2021

Precisamente, sobre el presunto cobro de comisiones se les ha preguntado hoy en sede judicial. Tanto Leire Díez como Antxon Alonso (imputado en el caso Koldo por los contratos adjudicados a su firma Servinabar) se han acogido a su derecho a no declarar. Fuentes presentes en la comparecencia explican que han justificado que, al estar secretas las actuaciones, desconocen de qué se les acusa. No obstante, se han mostrado favorables a ser interrogados cuando se levante el secreto de las mismas. Las fuentes consultadas por este medio vaticinan que no tardará mucho que se produzca dicho trámite.

A diferencia de estos dos investigados, Fernández sí se ha prestado a responder a las preguntas del magistrado Antonio Piña y también de su defensa letrada. El que fuera presidente de la SEPI entre 2018 y 2019 ha negado los hechos que se le imputan y, específicamente, que hubiera cobrado comisiones camufladas en presuntos servicios prestados. Cabe recordar que Fernández (persona de máxima confianza de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero) fue contratado por Servinabar tras su salida de la SEPI.

Igualmente también se le ha preguntado por los contratos suscritos desde 2021, ante la sospecha de que podría haber ejercido su influencia en el ente que entonces presidía de manera interina Bartolomé Lora para conseguir estas adjudicaciones públicas. No obstante, Fernández -que siguió ostentando privilegios en la SEPI tras sus salida- ha negado todos los hechos. Tras ello, el juez ha estimado la petición de la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y les ha dejado en libertad, aunque con las medidas cautelares de prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

Pesquisas incipientes

Los tres detenidos han llegado a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional provenientes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en Tres Cantos. Al término de sus intervenciones (que se han alargado poco más de hora y media en total) el juez ha acordado su libertad. Sin embargo, no han abandonado el recinto judicial hasta cerca de las 14.00 horas de la tarde, ya que han esperado a que el magistrado redactara el auto. Ninguno ha hecho declaraciones.