La derecha española vive atrapada en una paradoja que amenaza su credibilidad y su capacidad de gobernar: un Partido Popular que aspira a la centralidad y un Vox que convierte cada negociación en un pulso de fuerza. El desequilibrio entre ambos no responde al peso electoral de cada uno, sino a la estrategia de presión constante que Vox utiliza para imponer su agenda. Y el resultado es un deterioro lento, pero profundo, de la gobernabilidad en las comunidades donde comparten poder.

En cada investidura, presupuesto o acuerdo, Vox actúa desde una lógica de ultimátum: o se aceptan sus exigencias, o se rompe el pacto. No se trata de discrepancias legítimas entre socios, sino de un chantaje político permanente que condiciona la acción del PP, lo obliga a asumir posiciones que no le son propias y lo aleja de los votantes moderados que necesita para ampliar mayorías.

El PP, por su parte, se encuentra ante una disyuntiva que ya no puede seguir esquivando. O continúa cediendo terreno ante un socio minoritario que busca imponer su visión sin asumir responsabilidades de gestión, o recupera su autonomía política incluso a costa de sacrificar acuerdos territoriales. La estrategia de aguantar a cualquier precio ha dejado de ser sostenible.

El país necesita instituciones estables y gobiernos capaces de ofrecer soluciones, no espectáculos de tensión interna ni imposiciones ideológicas disfrazadas de negociación. La derecha solo podrá reconstruir una alternativa sólida si deja atrás esta relación de dependencia que desgasta a ambos y desorienta a la ciudadanía. El chantaje no es gobernabilidad. Y España no puede permitirse seguir pagando ese precio.