«El fin no justifica los medios», señores «progresistas», defensores acérrimos de la inocencia de García Ortiz, cuestionando al Tribunal Supremo. «Defender la verdad» no justifica hacerlo cometiendo un delito. Y por cierto, nadie borra pruebas que eventualmente pudieran demostrar su inocencia.

El que borra pruebas, borra las que le culpabilizan, no las pruebas de su inocencia. Es elemental sentido común y no es necesario ser magistrado del Tribunal Supremo ni fiscal general del Estado para entender esas cosas tan sencillas. Sin embargo, el sanchismo se aferra a la opinión de dos magistrados frente a la de cinco. Sin duda, porque serán «progresistas» y su opinión vale más del doble que la de los otros, que deben ser «reaccionarios ultraderechistas».

Lo que sucede es que prepara el escenario para que Pumpido le indulte como a los condenados por los ERE de Andalucía. Es un ejemplo paradigmático del concepto que el sanchismo tiene de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Por si esta noticia no bastara para hacer caer a un gobierno digno de tal nombre en una democracia, se ha conocido una noticia de impacto con epicentro en Bruselas y que identifica quién manda de verdad en España por medio de su testaferro en La Moncloa. Que carece de mayoría parlamentaria, de Presupuestos, sin «su» fiscal general y con su círculo de íntima confianza personal y política de inquilinos en Soto del Real o en lista de espera para su alojamiento.

Padeciendo España un grave problema de inmigración ilegal con un Gobierno cuya política migratoria es inexistente, limitándose a distribuir por el conjunto de la península los que colapsan las capacidades de acogida insulares. Las Islas Canarias han sustituido ahora al Mediterráneo central con Lampedusa de cabeza de puente de Italia y a través de ella a la UE, como principal ruta inmigratoria ilegal europea.

Giorgia Meloni, con su política, ha provocado que las mafias criminales que comercian con la necesidad de los emigrantes del West Sahel africano hayan cambiado esa ruta, yendo ahora mayoritariamente por la fachada atlántica. Sus centros de deportación en Albania forman parte de su política migratoria y la UE ha decidido imitarla cambiando la reglamentación para legalizar esos centros por unanimidad de sus 27 Estados. Con una sola excepción: España. Su argumento son «serias dudas jurídicas, políticas y económicas». Los otros 26 Estados de la UE, desde Alemania a Dinamarca, desde Italia a Finlandia o desde Grecia a Francia, deben ser extraterrestres.

Soros y su OPEN ARMS promueven «brazos y fronteras abiertas» para imponer su deseado NOM. Por supuesto, con ellos al mando y con Sánchez de testaferro a sus órdenes. Y España de víctima.