En un momento crucial para la política en Extremadura y en España, los ataques del líder de Vox hacia María Guardiola no sólo muestran una estrategia electoral agresiva: exhiben un machismo estructural que merece denuncia y un rechazo firme.

Abascal ha sugerido que, si el PP no acepta sus condiciones, “quizá” haya que cambiar de candidata.

Con ello, no sólo cuestiona un proyecto político, sino la legitimidad de una mujer para liderar.

Guardiola ha respondido con valentía: ha calificado las palabras de Abascal de “tufo machista” y ha afirmado que él no debe “pasar por el aro” de chulerías ni chantajes.

Decir que una mujer debe ceder, retroceder o cambiar solo por su género, no por sus ideas, su proyecto o su representación democrática, es reproducir un machismo que creíamos superado. Ese es el punto central de esta ofensiva: no se cuestiona la política, sino la persona.

Si pasa a normalidad que voces relevantes —públicas, institucionales— insinúen que una mujer “no vale” solo por no ser hombre, retrocedemos décadas en derechos de representación.

Sustituir argumentos por amenazas (“tu cabeza”, “cambiar de candidata”) es imponer un clima de miedo, de sumisión o de silencio. No es política, es intimidación.

Mientras la campaña se polariza en ataques personales, se desvían la atención de los problemas reales: desigualdades sociales, crisis económica, derechos civiles, política regional.

Que dirigentes públicos usen lenguaje machista —o condicionen apoyos a conformidades personales— legitima ese modelo ante la ciudadanía, reforzando barreras para las mujeres en la vida pública.

Eso, más allá de ser una defensa personal, es una reivindicación simbólica: reafirma que la política debe ser sobre ideas, no sobre género; sobre proyectos, no sobre sumisión; sobre democracia, no sobre chantaje.

Se avecinan elecciones claves. Pero no se decide solo quién gobierna. Lo que se decide es si una mujer tiene derecho a liderar sin ser cuestionada por su género, si la política se define por ideas y programas, o por amenazas e imposiciones, y por consiguiente, si legitimamos el machismo institucional o lo denunciamos públicamente.

Este no es solo un asunto de partidos o de intereses electorales. Es un asunto de principios.