Estanislao de Kostka.- Máximo Huerta, el ministro breve, duró sólo una semana en el cargo tras dimitir por irregularidades fiscales, relató que su última conversación con Pedro Sánchez en La Moncloa, al comunicarle su cese, el aún Presidente respondió hablando de sí mismo y preguntando: “¿De mí qué dirán?, ¿cómo pasaré a la historia?”. Hoy ya sabemos la respuesta y, probablemente, si hay Justicia, podrá pasar a la historia como el primer Presidente que entra en prisión por corrupción. Eran cuatro y ya entraron tres.

Pedro Sánchez afronta hoy un cerco político y judicial inédito en democracia, con varios sumarios abiertos que afectan a su entorno familiar, a sus colaboradores más próximos y a los cuadros de mando del PSOE, aunque él no está formalmente imputado en ninguno de ellos. La acumulación de causas, unida a la gestión interna de escándalos de prostitución y acoso, coloca en entredicho su credibilidad como líder que prometió “limpiar” la vida pública española. A la vista de los hechos, cabe hablar de un mandato marcado por la corrupción estructural de su entorno y por un grave deterioro ético en el partido que lo sostiene.

En el plano judicial, la figura del presidente queda rodeada por procedimientos que afectan a su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y varios altos cargos socialistas clave en la estructura de poder. Se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y tramas de comisiones ilegales ligadas a contratos públicos millonarios, desde rescates empresariales hasta adjudicaciones de infraestructuras. Y, al menos Estados Unidos, investiga vínculos de su entorno “zapatarista” con el narcotráfico venezolano. Todo ello ha llevado a que se hable ya de más de una decena de líneas de investigación que convergen políticamente en La Moncloa, aunque jurídicamente sigan caminos separados y goce de la presunción de inocencia.

Entre los casos más sensibles figuran los sumarios vinculados a la actividad profesional de Begoña Gómez en el entorno de Globalia, la Complutense y el llamado “caso Barrabés”, donde se analizan decisiones públicas que habrían favorecido a empresas cercanas. Su espesa está imputada por cinco delitos, casi nada. Paralelamente, el hermano del Presidente afronta un proceso por haber accedido presuntamente a un puesto público creado a su medida en la Diputación de Badajoz, asunto que implica a otros cargos socialistas extremeños y compromete el relato de meritocracia defendido por el Gobierno.

Más allá del núcleo familiar, la columna vertebral del PSOE de Sánchez aparece golpeada por investigaciones que afectan, entre otros, a los dos últimos secretarios de Organización, el feminista José Luis Ábalos y el electricista honrado Santos Cerdán. El primero quedó marcado por el “Delcygate” y los negocios opacos en torno al “caso Koldo”, el también feminista portero de prostíbulo, en el que se investigan contratos de mascarillas y presuntas mordidas, así como indicios muy claros sobre un supuesto manejo de cientos de miles de euros en comisiones ilegales vinculadas a obras públicas. Lo que en su día se presentaba como un proyecto regenerador, deriva ahora en la imagen de un partido atrapado en prácticas que recuerdan más a un sistema clientelar que a una socialdemocracia moderna.

A estos sumarios se añaden otros escándalos relacionados con el uso de la prostitución, fiestas y tocamientos, las fiestas con dinero de tramas corruptas, que han erosionado aún más la autoridad moral del PSOE en materia de igualdad y lucha contra la violencia contra las mujeres. Cuando un partido que se reivindica feminista ve cómo dirigentes o intermediarios ligados a sus estructuras aparecen asociados a prostíbulos, cocaína y tratos de favor, el discurso se vacía y deja paso a la percepción de pura hipocresía. Nada nuevo, ya lo sabíamos y los que lo decíamos éramos y somos unos “fachas”.

La contradicción entre el discurso feminista del PSOE y la gestión de los casos de prostitución y acoso sexual se ha hecho especialmente visible estos días y estos últimos meses es patente y patética. Tras el impacto del ‘caso Koldo’ y de otras tramas ligadas al uso de la prostitución por cargos o intermediarios próximos al partido, la dirección se ha visto obligada a aparentar que endurecía su código ético, incluyendo la presunta expulsión de quienes “obtengan” sexo a cambio de dinero, en un intento de reaccionar a golpe de escándalo. Sin embargo, la sensación social es que estas inciertas reformas llegan tarde y se perciben como movimientos defensivos ante la presión mediática y de la oposición. Hasta hace dos meses no sabemos quién pagaba los abogados de Ábalos y hasta estos días sabemos que los escándalos de tocamientos se escondían debajo de la alfombra y no se denuncian.

El ‘caso Salazar’, con denuncias de acoso sexual contra un ex alto cargo de Presidencia y figura muy cercana a Sánchez, ha desnudado las carencias internas en la protección de las víctimas. El partido ha reconocido que tardó meses en contactar con las denunciantes, y federaciones socialistas han protestado por una gestión que contradice el lema de “tolerancia cero”, hasta el punto de obligar a Ferraz a convocar reuniones de urgencia para calmar la indignación interna. De Sófocles a Aristóteles, la tragedia política nace cuando el logos público —el discurso de la virtud— se divorcia de la praxis, y en este punto el PSOE ofrece un ejemplo de manual.

El relato fundacional de Sánchez como líder que llegaba para “limpiar” la democracia de casos como Gürtel o la corrupción del viejo bipartidismo se ha invertido: hoy el partido y el Gobierno se ve inundado de sumarios que afectan a sus entornos más inmediatos. La oposición ya habla abiertamente de “corrupción sistémica” y de un modelo de poder sostenido sobre redes de favores, colocaciones y blindajes institucionales, en contraste con la retórica regeneradora que se exhibe en los discursos oficiales. Frente a la máxima de Platón de que quien gobierna debe tener el alma más ordenada que sus gobernados, la imagen que proyecta este entramado es la de un liderazgo que tolera, ignora o reacciona tarde ante los abusos propios.

A día de hoy, son jueces y fiscales quienes determinarán si los casos que cercan a su entorno desembocan en condenas firmes y si afectan a Sánchez en términos penales, pero políticamente su mandato queda ya asociado a la sombra de la corrupción y a un feminismo percibido por muchos como meramente instrumental. Si la historia recuerda a cada gobernante por la coherencia entre sus palabras y sus actos, la huella de este periodo se acerca más a la figura que describía Aristóteles cuando advertía contra los demagogos: líderes que invocan al pueblo mientras, consolidan estructuras de poder opacas y moralmente frágiles. La historia sabrá dónde terminará Sánchez y cómo pasará a ella. El presente ya lo sabemos.

*Abogado jefe de AD y politólogo