Todo lo que la oposición política en Madrid había denunciado durante más de una década sobre las privatizaciones sanitarias del PP en la región está ahora en un audio del CEO de Ribera Salud, la empresa concesionaria del hospital “público” de Torrejón de Ardoz. Todo el mundo ha podido escucharlo: sin saber que estaba siendo grabado, Pablo Gallart, el alto cargo de una multinacional de la sanidad privada, pidió abiertamente a sus empleados aumentar las listas de espera de un centro sanitario público y ahorrarse las intervenciones más costosas para engordar así los beneficios millonarios de la sociedad privada que lo explota.

No solo eso, los gestores del hospital que denunciaron esas prácticas en los canales internos de la compañía fueron despedidos cuando alertaron de otras prácticas irregulares como haber recibido órdenes para reutilizar material de un solo uso en los cateterismos. Trabajadores del centro también señalan como responsables de la situación actual a algunos de los directivos ahora despedidos.

Tras varias manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública, el Partido Popular sabe que está jugando con fuego en una materia muy sensible para la ciudadanía y con una gestión que no ha dejado de empeorar en los últimos años. Sus modificaciones estadísticas a la hora de computar a los pacientes en listas de espera no han evitado que en Madrid se haya superado el millón de ciudadanos que aguardan por una prueba diagnóstica, una consulta externa o una intervención quirúrgica. En toda la Comunidad hay siete millones, con lo que significaría que el 14% de la población está esperando a que le atienda un médico. El porcentaje baja si se tiene en cuenta que a Madrid vienen a tratarse pacientes de otras zonas de España y que esos mismos hospitales atienden a personas que no están censadas o que acuden como desplazados. Pero nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta de pacientes esperando.