Antonio R. Naranjo.- En un país normal, el ascenso al general responsable de la UCO y su salida de la unidad que más y mejor persigue la corrupción se percibiría como un premio a su trayectoria y el preámbulo del nombramiento de otro coronel a la altura del cargo, de la misión y de su predecesor.

Y quizá así acabe siendo, pero España no es un país normal desde 2018, cuando un político soberbio, codicioso y sin talento asaltó el poder e inició una desesperada carrera para conservarlo a cualquier precio, dándose aires de Kennedy latino pero comportándose como el célebre Gollum de El Señor de los Anillos con su particular tesoro.

La promoción del coronel Yuste, merecida y con honores, brinda la oportunidad a Marlaska, y, por tanto, a Sánchez, de designar a otro coronel menos molesto, más sensible a las necesidades del patrón y quizá no tan proclive a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, en su trabajo, tan crucial ahora mismo en términos de supervivencia democrática como el del Tribunal Supremo.

Si ese guardia civil existe, en contra de la tendencia natural de los agentes a servir a su país por encima de cualquier color político e interés ajeno a su función, que nadie dude de que el inmoral Marlaska lo elegirá por encima de cualquier otro con más méritos profesionales y éticos y, por ello, más independencia.

Y no es una profecía sustentada exclusivamente en el olfato. La lista de episodios en los que el Gobierno ha intentado minar la autonomía de instituciones del Estado es ya más larga que los propios informes de la UCO o los autos del Supremo y se resumen en la escandalosa campaña contra el coronel Balas, al frente de las investigaciones que han puesto en el banquillo o en prisión a todos los monstruos políticos y familiares del zoológico corrupto de Sánchez.

Se recordará cómo Leire Díez, esa indeseable cloaquera a las órdenes del corrupto Cerdán, intentó cargarse al bueno de Balas con una siniestra campaña de acoso y derribo en la que, aliada con los peores de cada clase, se pretendía husmear en su vida a ver si se encontraba munición con la que fusilarle.

Y también quedará para la historia de la ignominia el silencio del Gobierno, cuando no su complicidad, con el montaje difundido por un panfleto mamporrero en el que se acusaba al mismo agente confabular con un atentado contra el presidente, transformando una conversación en la que decía todo lo contrario y mostraba su temor a ser atacado él en una «prueba» de esa conspiración.

Todavía hoy nadie del contubernio sanchista ha sido capaz de rectificar ni pedir perdón; y el mamporrero que soltó ese bulo (el mismo de los dos DNI del juez Peinado) ha sido recompensado con un abono para cobrar en TVE por ejercer allí de sicario a título de tertuliano.

Y una más. Al mismo tiempo que la UCO avanzaba en todos sus frentes y el fiscal general del Estado sanchista se acercaba a la merecida condena que finalmente llegó, otro funcionario notable del Régimen, Félix Bolaños, intentaba una reforma legal destinada, entre otras cosas, a poner a la UCO a las órdenes del delincuente García Ortiz, con el objetivo evidente de poner un bozal a la Guardia Civil.

De las oscuras intenciones de este Gobierno para controlarlo todo no hay dudas, y el maltrato a Pérez de los Cobos por atender las instrucciones judiciales por encima de los caprichos políticos es otro ejemplo de libro. Pero la resistencia épica de algunos servidores públicos, conscientes de su labor y de que su único peaje ha de ser con el Estado de derecho y los ciudadanos, también está siendo impecable.

Sean cuales sean los perversos planes de Sánchez para que la UCO sea otro CIS u otra TVE, basta con que el elegido recuerde para qué está y decida, llegado el momento, si prefiere pasar a la historia como Pérez de los Cobos, Marchena o Balas o como García Ortiz, Tezanos o López.