El Gobierno de Pedro Sánchez ha forzado el descabezamiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al impulsar de forma acelerada el ascenso a general del coronel Rafael Yuste, hasta ahora máximo responsable del equipo que investiga los principales escándalos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y a La Moncloa. El movimiento será ratificado este lunes por el Consejo de Ministros y provoca, de manera automática, la salida de Yuste del mando directo de la unidad anticorrupción.

La promoción del coronel no llega en un contexto neutro. Se produce en plena avalancha de informes de la UCO sobre el caso Koldo, que han estrechado el cerco judicial sobre los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además del exasesor Koldo García. También ha sido esta unidad la que ha destapado el uso de sobres con dinero en efectivo para supuestos pagos de dietas, una línea de investigación que ha terminado originando una pieza separada en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad interna del partido.

El juez Ismael Moreno ha exigido ya al PSOE que facilite el listado completo de pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, junto con su correspondiente justificación. Todo este trabajo ha sido coordinado bajo la jefatura directa de Yuste, al igual que otras causas especialmente sensibles para el Gobierno.

Entre ellas figuran las investigaciones sobre los negocios privados de Begoña Gómez, la causa sobre las llamadas cloacas de Ferraz, las diligencias relativas a David Azagra —hermano del presidente— y el procedimiento por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En todos estos frentes, la UCO ha actuado como policía judicial bajo la responsabilidad directa del coronel ahora ascendido.

El ascenso de Yuste llega, además, en un momento especialmente tenso entre el Ejecutivo y la Guardia Civil. En los últimos meses, desde el entorno gubernamental se han lanzado acusaciones contra la UCO, se ha cuestionado públicamente su labor y se ha llegado incluso a difundir un bulo sobre un supuesto plan de atentado contra el presidente atribuido a miembros de la unidad.

También se ha señalado a la UCO por una presunta manipulación de conversaciones intervenidas en el caso del fiscal general, una acusación que ha sido utilizada desde ámbitos próximos al PSOE para tratar de desacreditar el trabajo de los investigadores. Todo ello ha contribuido a crear un clima de confrontación abierta sin precedentes entre el poder político y la unidad anticorrupción.

La presión contra la UCO quedó especialmente expuesta cuando se reveló que intermediarios vinculados a Ferraz mantuvieron contactos con un empresario del sector energético con el objetivo de obtener información comprometida sobre Antonio Balas, el teniente coronel que supervisa las principales causas judiciales relacionadas con el PSOE y la familia del presidente. Hasta ahora, Yuste había actuado como un muro de contención frente a esas presiones.

En condiciones normales, Rafael Yuste no habría tenido opciones reales de convertirse en general hasta, al menos, el verano de 2026. Aunque había superado el curso de ascenso con la mejor nota de su promoción, aún tenía por delante coroneles de escalafón superior. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha optado por adelantar su promoción, saltándose el orden ordinario, para provocar su salida inmediata de la UCO por la vía rápida.

Con este movimiento, la unidad anticorrupción deberá ser dirigida ahora por un nuevo mando que aún no ha sido designado. Entre los agentes existe inquietud por la pérdida del actual referente y por la incertidumbre sobre el grado de independencia que tendrá la futura jefatura en un momento clave para múltiples investigaciones que afectan directamente al núcleo político del poder.