La Comisión Europea ha vuelto a mirar al problema de la vivienda con la lupa equivocada. Su nueva propuesta para financiar vivienda asequible pasa, sorprendentemente, por elevar aún más la presión fiscal sobre los ciudadanos: más impuestos a las herencias de inmuebles, mayores gravámenes a las plusvalías y penalizaciones al suelo vacío.

Una receta que Bruselas presenta como una fórmula universal, válida para los 27, pero que, al aterrizar en España, revela un preocupante desconocimiento de nuestra realidad. Porque si hay algo que no falta en nuestro país es precisamente carga fiscal sobre la vivienda. El contribuyente español paga por comprar, por poseer, por transmitir, por rehabilitar y hasta por alquilar.

A pesar de ello —o quizá por ello— la recaudación del Estado lleva cinco años batiendo récords. Mientras tanto, el gasto público crece sin control y se orienta a medidas que poco tienen que ver con aliviar la asfixia fiscal, no digamos ya inmobiliaria. Todo ello en un país con la mayor tasa de pobreza de la Unión Europea y el desempleo más elevado del continente.

En este contexto, pretender que la solución pase por subir aún más los impuestos no solo es un despropósito; es una negación absoluta del problema. España necesita construir más de 700.000 viviendas al año para atender la formación de nuevos hogares. Y lo que falta son decisiones políticas sensatas: seguridad jurídica para atraer inversión y tranquilidad a los propietarios, suelo disponible para construir, una fiscalidad razonable que no desincentive la promoción, y una burocracia que deje de actuar como un muro en lugar de como un facilitador.

El Gobierno presume de un Ministerio de Vivienda que apenas funciona. Mientras saca pecho en titulares y publicidad, su actividad real es escasa, cuando no contraproducente. Incluso ha llegado a apropiarse de promociones financiadas por ayuntamientos y comunidades autónomas, apuntándose méritos ajenos en lugar de asumir responsabilidades propias.

La Comisión Europea cree que subir impuestos resolverá un problema que ni siquiera ha diagnosticado bien. España necesita justo lo contrario: menos trabas, más viviendas y un Gobierno dispuesto a tomarse en serio un desafío que ya se ha convertido en emergencia social. Porque sin cambiar el enfoque, lo único que seguirá creciendo no será la oferta de vivienda, sino la frustración de millones de ciudadanos.