Pay for slay o «pagar por matar». Eso es lo que Israel denuncia desde hace más de una década en referencia a las ayudas que otorga la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a familias de terroristas de Hamás que hayan sido encarcelados o resultado muertos en enfrentamientos o atentados contra Israel. Según fuentes israelíes, se están revisando una serie de ayudas por valor de 50 millones de euros que España otorgó a la ANP para, presuntamente, pagar sueldos de funcionarios palestinos. La ayuda parece encajar con las transferencias que se han emitido a las familias de terroristas de Hamás.

Dinero de los contribuyentes españoles que terminó en manos de ejecutores de atentados terroristas o combatientes de Hamás. Esa es la hipótesis sobre la que trabaja la inteligencia israelí en estos momentos, a partir de la denominada Ley de Salarios de Prisioneros. Una normativa palestina que abona cuantiosas rentas a aquellos palestinos encarcelados en prisiones israelíes. Cuanto mayor es la condena, mayor es la paga que reciben sus familias en Gaza o en Cisjordania. «Lo que implica que cuanto más grave sea el ataque terrorista cometido, mayor será la recompensa», explica un documento israelí al que ha tenido acceso TO.

En 2024, la situación llegó a tal punto que Israel bloqueó fondos por millones de dólares de la Autoridad Nacional Palestina con los que se pagaban salarios de funcionarios y ayudas sociales a familias palestinas. De esos fondos salían, también, las ayudas a las familias de los palestinos presos por terrorismo o que había optado por la vía del «martirio».

Varios países europeos, como España, Francia y Noruega, se unieron a Arabia Saudí en la creación de una Coalición de Emergencia por Palestina. Un organismo que canaliza ayuda millonaria destinada a mantener en activo el gobierno de Mahmud Abbas.

50 millones de España

El pasado 4 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunciaba que España ya sumaba 50 millones de euros en aportaciones a ese fondo de contingencia, tras dar luz verde en Consejo de Ministros a una última ayuda de 46 millones adicionales, sumados a los cuatro millones desembolsados por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

«El pasado 26 de septiembre, España lanzó junto con Arabia Saudí, Noruega y Francia la Coalición de Emergencia por Palestina para aliviar la presión de la Autoridad Palestina de cara al pago de salarios y pensiones de funcionarios civiles, a los hospitales de Jerusalén Este y a las familias palestinas más vulnerables», defendía Exteriores al anunciar el desembolso. No hacían mención alguna a la polémica de las ayudas a presos palestinos.

En paralelo a la llegada de esos fondos a Palestina, la inteligencia israelí ha detectado que gran parte de los terroristas liberados el pasado mes de octubre tras el acuerdo entre Israel y Hamás acudían masivamente a oficinas de correos en Gaza y Cisjordania para reclamar y recibir pagos pendientes sobre la base de la Ley de Salarios de Prisiones. La sospecha de las autoridades israelíes es que el dinero que llega de Europa, como el caso de la aportación española, acaba en manos de terroristas de Hamás o de las familias de quienes resultaron muertos en combate.

«Subvenciones por matar»

El importe que reciben los terroristas encarcelados en Israel depende de sus circunstancias personales. Por ejemplo, un terrorista soltero sin familia recibe alrededor de 475 euros mensuales, mientras que uno casado y con hijos a su cargo ingresa una cantidad por encima de los 600 euros. Si la condena cumplida supera los cinco años, la ayuda se convierte en vitalicia. En 2024, la inteligencia israelí calculó que la ANP había pagado alrededor de 117 millones de euros al entorno de Hamás y sus familias por sus acciones de guerra. Las familias de los fallecidos en combate también reciben este tipo de subvenciones.

El pasado mes de febrero, por la presión internacional, el líder de la ANP, Mahmoud Abbas, anunció que derogaba la ley que regulaba estas ayudas. Se sustituyeron por otro mecanismo que las distribuía a través del denominado Fondo Tamkeen, vinculado a la OLP y supuestamente repartido sobre la base de necesidades sociales y económicas, no criminales. En la práctica, explican fuentes israelíes, todo sigue igual que antes.

El pasado verano, alrededor de 1.800 terroristas de Hamás y la Yihad Islámica —parte de ellos vinculados a los atentados del 7 de octubre de 2023— se negaron a rellenar una serie de formularios administrativos que se les exigían con la nueva normativa si querían seguir recibiendo ayudas. Sin embargo, pese a la congelación aparente del flujo, la inteligencia israelí siguió detectando pagos a ese entorno terrorista que opera en Gaza.