LG.- En los últimos meses, Canarias afronta la desaparición de varios menores que llegaron de forma ilegal en cayucos al archipiélago. Son niños y niñas africanos recién desembarcados y alojados en centros de acogida de Lanzarote, donde se han producido fugas, pero también secuestros. Estos menores, que no hablan español y apenas reciben vigilancia, se mueven solos por la isla a los pocos días de llegar, y esa desprotección ha permitido que mafias de pedófilos y proxenetas actúen con facilidad. Las autoridades atribuyen esta situación al colapso del sistema de protección. El caso más grave es el de trece niñas que fueron sacadas de un centro de Arrecife y vendidas después como esclavas sexuales en Francia.

La crisis se agrava por el ritmo de llegadas. Sólo este año han alcanzado Canarias 28.819 africanos en cayucos, frente a los 462 registrados hace una década, según Frontex. La presión migratoria ha desbordado por completo los centros de acogida, donde viven actualmente casi 6.000 menores ilegales repartidos entre 86 residencias. Estas instalaciones, responsables del 37% de todos los menas del país, funcionan al límite, con personal insuficiente, hacinamiento y condiciones que dificultan cualquier vigilancia efectiva. Las autoridades del archipiélago admiten que no pueden garantizar la seguridad de los menores. Estos jóvenes no están bajo un control estricto las 24 horas y, tras cierto tiempo en los hogares, salen solos, van al cine, participan en actividades y empiezan a tener una vida independiente. Esta libertad de movimiento, sumada a la falta de recursos, ha provocado que existan 300 fugas registradas, aunque fuentes internas alertan de que la cifra real podría ser muy superior.

La investigación que ha destapado el caso de las trece niñas de Arrecife se desarrolla bajo el nombre de Operación Tritón. La Policía Nacional ha reconstruido un entramado criminal que actúa entre Marruecos, Costa de Marfil, España y Francia y que se aprovecha de la vulnerabilidad de los menores alojados en los centros canarios.

Delincuentes marroquíes organizan los desplazamientos y los cruces fronterizos; falsificadores marfileños elaboran documentos manipulados para sortear controles policiales; y células asentadas en España ocultan a las víctimas en casas francas antes de enviarlas a Francia, donde son explotadas sexualmente. Los investigadores creen que las trece niñas fueron sacadas del mismo centro de Arrecife entre noviembre y mayo. Hasta ahora se ha detenido a once personas —nueve en Lanzarote, una en Las Palmas y otra en Madrid— y cuatro de ellas se encuentran en prisión provisional por delitos de organización criminal, trata de seres humanos, falsificación documental, pornografía infantil y obstrucción a la justicia. Durante los registros se incautaron documentos falsos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La Policía ha confirmado que la investigación permanece abierta.

La crisis no se limita a menores. Canarias se ha convertido en un punto clave para redes africanas que trafican con mujeres obligadas a prostituirse en distintos lugares de España. En Las Palmas de Gran Canaria se juzga ahora a una banda nigeriana compuesta por cuatro hombres y tres mujeres, acusada de coaccionar a jóvenes mediante amenazas, violencia y rituales de vudú. Una de las víctimas relató al tribunal que la obligaron a prostituirse tras imponerle una deuda de 55.000 euros, bajo la amenaza de agredir a su familia en Nigeria si no pagaba. Fue explotada en Lanzarote, Madrid, Vitoria y Barcelona, trasladada entre ciudades para evitar controles y vigilada por los proxenetas, hasta que logró escapar en 2016 tras años de maltrato y explotación. La prostitución permanece en un limbo legal en España, lo que permite a estas redes actuar en la sombra. El año pasado la Policía identificó a 8.000 mujeres en situación de prostitución, aunque sólo 250 denunciaron trata. Las cifras reales son, con toda probabilidad, mucho mayores.

La combinación de inmigración ilegal desbordada, centros saturados, vigilancia insuficiente y mafias cada vez más organizadas ha convertido a Canarias en un territorio donde los menores ilegales permanecen expuestos a riesgos extremos. Lanzarote, en particular, soporta la presión de un sistema que ha perdido su capacidad para prevenir secuestros, proteger a los menores o evitar que desaparezcan sin dejar rastro. Las redes criminales han encontrado en el archipiélago un espacio donde actuar con facilidad, aprovechándose de la desprotección institucional. Sin un refuerzo inmediato del control, la vigilancia y los recursos, las mafias seguirán operando con la misma impunidad que ha permitido el secuestro de las trece niñas de Arrecife y la explotación de mujeres africanas en distintas ciudades españolas. Canarias se ha convertido en la puerta de entrada de uno de los negocios criminales más crueles del mundo, mientras el Estado reconoce que no tiene medios suficientes para frenarlo.