El ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha desvelado en una entrevista al diario El Mundo, concedida pocas horas antes de ingresar en prisión sin fianza, que detrás de la presunta macrotrama de corrupción que sacude al entorno del Gobierno la pieza clave sería la relación entre Air Europa y Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

El ex ministro de Transportes sostiene que su encarcelamiento responde a una estrategia de presión para forzar una confesión y convertirlo en un ejemplo público. Se muestra convencido de que se busca “doblegarlo” a través de la amenaza de prisión, pese a que otros investigados en la misma causa se encuentran en libertad. En ese sentido, expresa su incomprensión por el hecho de que Santos Cerdán haya salido de prisión mientras a él se le envía a la cárcel con las mismas medidas cautelares y, según afirma, con un papel mucho más secundario en la trama.

Ábalos asegura sentirse víctima de una persecución institucional y apunta directamente tanto al Tribunal Supremo como al Gobierno. Denuncia una “instrucción prospectiva”, una investigación que, según él, ha ido ampliando su objeto sin justificación legal, y sostiene que se ha vulnerado su inmunidad parlamentaria al investigarse hechos que no estaban incluidos en el suplicatorio aprobado por el Congreso.

Uno de los ejes de su defensa gira en torno al presunto cohecho relacionado con unas vacaciones familiares en un chalé de Marbella supuestamente abonadas por personas vinculadas a Air Europa. El ex ministro cuestiona que él esté imputado por recibir un supuesto beneficio mientras, según su versión, no se investiga a quienes habrían efectuado el pago. Considera “inaudito” que la aerolínea no esté formalmente acusada si realmente existió ese intercambio de favores.

En ese contexto, Ábalos apunta que imputar a Air Europa implicaría, en su opinión, abrir una vía de investigación que podría alcanzar directamente a Begoña Gómez. A su juicio, ese sería el verdadero motivo por el que la compañía no ha sido objeto de actuaciones judiciales. “Llegaríamos muy lejos”, advierte, deslizando que hay intereses superiores que impiden que esa línea avance.

También carga contra el papel de otras personas de su entorno, cuestionando por qué algunas de ellas no han sido imputadas pese a haberse beneficiado, presuntamente, de fondos públicos sin un trabajo real. Insiste en que una cosa es facilitar un puesto y otra muy distinta que alguien no desempeñe su labor, algo que asegura desconocer.

El ex dirigente socialista rechaza además de plano el argumento del riesgo de fuga como justificación de su ingreso en prisión. Afirma que no ha salido de España en más de dos años, que carece de patrimonio en el extranjero, que depende de su nómina como diputado y que tiene obligaciones familiares. Sostiene que, con apenas 6.000 euros en su cuenta, una eventual fianza habría supuesto automáticamente su entrada en prisión por imposibilidad de pagarla.

Durante la conversación con El Mundo, Ábalos se muestra especialmente crítico con el juez instructor, Leopoldo Puente, a quien reprocha haber puesto en duda su continuidad como diputado en el propio auto de medidas cautelares. Interpreta esa referencia como una muestra de animadversión personal y como parte de una estrategia para erosionar su imagen pública.

El ex ministro también se compara con otros altos cargos del actual Gobierno que, pese a aparecer mencionados en informes policiales, no han sido imputados. En particular, señala a Ángel Víctor Torres, cuestionando por qué a él se le acusa con menos indicios de los que, según afirma, existen contra otros responsables políticos.

Ábalos insiste en que la investigación de las compras de material sanitario durante la pandemia nunca debió iniciarse, ya que, según defiende, las mascarillas adquiridas no eran defectuosas ni fraudulentas y los pagos se hicieron únicamente tras recibir y certificar la mercancía. En su opinión, se ha construido un relato judicial artificial para fabricar un gran escándalo político.

Finalmente, el ex ministro admite el impacto psicológico de la situación y confiesa sentirse desbordado por la gravedad del proceso. Asegura vivir los últimos acontecimientos como si fuesen irreales y muestra su incredulidad ante la petición de hasta 24 años de prisión por parte de la Fiscalía.