La Justicia de Estados Unidos «está muy interesada» en apuntalar «cuanto antes» la apertura de un «proceso penal» contra José Luis Rodríguez Zapatero, una posibilidad que ha cobrado fuerza a raíz de las declaraciones aportadas por Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según ha adelantado el diario Vozpópuli, la información entregada por el exjefe de la Inteligencia militar venezolana habría proporcionado argumentos clave para que la Fiscalía estadounidense contemple al expresidente español como un eslabón necesario dentro del entramado político y financiero del chavismo. De concretarse una imputación, Washington podría activar medidas tan severas como el bloqueo de bienes en territorio norteamericano o, incluso, la emisión de una orden de detención internacional.

El avance de esta vía judicial llega en un momento en que Carvajal, extraditado desde España en 2023, espera conocer el fallo final sobre su situación penal, previsto para el 12 de febrero. Su defensa ha ido entregando grandes volúmenes de documentación que no sólo han obligado al tribunal a aplazar la sentencia en dos ocasiones, sino que también han reforzado las pesquisas de Estados Unidos sobre la dimensión global del narcotráfico vinculado al poder bolivariano y, sobre todo, sobre las figuras que habrían colaborado con ese sistema desde fuera de Venezuela.

Dentro de ese material, Carvajal habría detallado pagos que supuestamente habrían sido canalizados hacia Zapatero desde el Gobierno venezolano a través de PDVSA. Estas informaciones formarían únicamente una parte de los expedientes facilitados por el exmilitar a los fiscales, quienes también han solicitado apoyo a autoridades españolas para analizar el crecimiento patrimonial del expresidente y revisar su actividad económica durante los últimos años.

Las aportaciones de Carvajal no se limitarían a asuntos financieros. Según las fuentes consultadas, también habría mencionado operaciones ligadas al ámbito energético y una red de intermediarios que habría actuado en Venezuela bajo la protección de Jorge Rodríguez, figura influyente en el entorno de Nicolás Maduro y presunto garante de las gestiones de Zapatero en Caracas.

Paralelamente, el Gobierno estadounidense examina el alcance de posibles sanciones económicas contra el exdirigente español. En el Departamento de Estado existe un debate sobre si aplicar una medida leve o imponer un castigo más contundente que sirva de aviso a quienes Washington considera facilitadores del régimen venezolano. La decisión final dependerá del impacto diplomático que pudiera tener un paso de este tipo en la relación bilateral con España.

Estas sanciones podrían traducirse en la inclusión del nombre de Zapatero en la conocida lista OFAC, el registro que administra el Departamento del Tesoro para congelar activos y prohibir relaciones comerciales a individuos o entidades considerados amenazas por su vínculo con redes criminales. En esa misma lista figuran ya decenas de altos cargos y empresarios afines al chavismo, así como personas vinculadas al círculo íntimo del poder venezolano que residen o han residido en España.

El trasfondo de esta ofensiva judicial se relaciona con la demanda presentada en agosto en un tribunal de Florida bajo la ley RICO, un instrumento legal estadounidense destinado a combatir organizaciones criminales. Dicha acción permite investigar no solo a los señalados directamente —entre ellos Maduro y Delcy Rodríguez—, sino también a quienes hayan podido contribuir, colaborar o beneficiarse de sus operaciones.

Mientras tanto, Carvajal continúa buscando un acuerdo que le permita eludir la cadena perpetua y evitar su ingreso en una prisión federal, aspirando a cumplir condena en un centro estatal con condiciones mucho más favorables. Su cooperación, según insisten las fuentes cercanas al caso, ha reforzado de forma decisiva el interés de Washington en determinar qué papel desempeñó Zapatero en su relación con la estructura chavista y hasta qué punto pudo beneficiarse de ella.

La Gaceta