Óscar López

La primera condena en la historia de un fiscal general en activo en nuestro país sigue siendo que hablar. Álvaro García Ortiz es condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados, según el artículo 417.1 del Código Penal. Este sábado el gobierno acusa directamente al poder judicial de intervenir en la política para acabar con el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Hoy, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que la condena al fiscal general del Estado supone un “punto de inflexión” ya que, en su opinión, con ella el poder judicial “ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista”.

Mientras, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó este sábado que “ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid” y no va a “callar” las denuncias de los socialistas de “chanchullos de Ayuso y su entorno”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de permitir que la “derecha política, mediática y judicial asesine civilmente” al fiscal general del Estado para “tapar la corrupción” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal, la líder de la organización ha enmarcado su discurso en la propuesta dirigida al PSOE para “reventar a la derecha”. “O reventamos a la derecha o la derecha va a reventar a la gente y los más básicos principios democráticos”, dijo.

Mientras, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha prometido este sábado en Salamanca, durante un acto político, que sacará del poder al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como a su equipo, y que los sentará en el banquillo para que acaben en la cárcel.

Abascal ha afirmado que España “no va a volver a ser una democracia normal hasta que Sánchez no se siente en un banquillo y asuma las consecuencias de sus actos”.

El PP avisa que Sánchez está “construyendo el relato” para indultar a García Ortiz

El fiscal general del estado y su principal valedor, Pedro Sánchez.

Por su parte, el PP le pide al gobierno que deje de atacar a los jueces y asegura que este ejecutivo no está legitimado para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado.

Así, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Funez, ha exigido este sábado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, tras constatar el “ataque al Estado de Derecho y la división de poderes” encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha “deslegitimado al Poder Judicial demostrando que solo quiere a un fiscal general del Estado obediente”.

Carmen Fúnez ha lamentado que, tras la “condena penal” del Tribunal Supremo y la “condena política” al presidente del Gobierno que “nombró, protegió y utilizó” al fiscal, el PSOE se haya lanzado a cruzar una línea peligrosa, “defendiendo al corrupto, atacando a los jueces y criticando el fallo”.

En este sentido, ha expresado sus dudas y temores ante el próximo nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, ya que, sostiene, “el PSOE solo quiere una Fiscalía obediente”. “España no necesita insultos ni gritos, sino respeto institucional, responsabilidad política y verdad”, ha enfatizado.

En la presentación del II Foro de Grandes Ciudades del PP, Bendodo ha denunciado que el fiscal general del Estado ha sido condenado “por ser un elemento más de la guerra sucia de Pedro Sánchez contra los que no piensan como él, es decir, contra sus adversarios políticos”.

“No hay nada más peligroso que un gobierno atacando a la independencia del poder judicial como estamos viendo en las últimas horas. Atacar a la democracia es poner en cuestión la independencia judicial”, ha remarcado Bendodo.

Pese a conocerse el veredicto, no hay aun sentencia firme, pero el Fiscal general del Estado permanece en su puesto, a pesar de una situación que se torna muy complicada para la Institución e incluso para la persona.

Lo previsible es que García Ortiz interponga un incidente de nulidad contra la sentencia, un trámite que tiene muy pocas posibilidades de prosperar.

Cuando se notifique la resolución podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dirigido por Cándido Conde Pumpido. El argumento, vulneración de derechos fundamentales.

La sentencia no está redactada aún pero la abogacía del estado ha dejado pistas en el juicio sobre cuál va a ser el caballo de batalla: pedir la nulidad de los registros de los despachos de García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid. Esa es la clave, porque ella no borró su teléfono y ahí reposa el grueso de la carga probatoria.

Si se desestima el recurso de amparo, aún queda el Tribunal europeo de Derechos Humanos.

Además, siempre está la vía más directa, la de que el Gobierno de Pedro Sánchez le indulte.

El Tribunal Supremo debería informar al respecto, pero su informe no es vinculante, como no lo fue en el juicio del ‘procés’.