El PP avisa que Sánchez está “construyendo el relato” para indultar a García Ortiz
El fiscal general del estado y su principal valedor, Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Amador González a quien deberá indemnizar además con 10.000 euros.
En la presentación del II Foro de Grandes Ciudades del PP, Bendodo ha denunciado que el fiscal general del Estado ha sido condenado “por ser un elemento más de la guerra sucia de Pedro Sánchez contra los que no piensan como él, es decir, contra sus adversarios políticos”.
“No hay nada más peligroso que un gobierno atacando a la independencia del poder judicial como estamos viendo en las últimas horas. Atacar a la democracia es poner en cuestión la independencia judicial”, ha remarcado Bendodo.
Pese a conocerse el veredicto, no hay aun sentencia firme, pero el Fiscal general del Estado permanece en su puesto, a pesar de una situación que se torna muy complicada para la Institución e incluso para la persona.
Lo previsible es que García Ortiz interponga un incidente de nulidad contra la sentencia, un trámite que tiene muy pocas posibilidades de prosperar.
Cuando se notifique la resolución podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dirigido por Cándido Conde Pumpido. El argumento, vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia no está redactada aún pero la abogacía del estado ha dejado pistas en el juicio sobre cuál va a ser el caballo de batalla: pedir la nulidad de los registros de los despachos de García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid. Esa es la clave, porque ella no borró su teléfono y ahí reposa el grueso de la carga probatoria.
Si se desestima el recurso de amparo, aún queda el Tribunal europeo de Derechos Humanos.
Además, siempre está la vía más directa, la de que el Gobierno de Pedro Sánchez le indulte.
El Tribunal Supremo debería informar al respecto, pero su informe no es vinculante, como no lo fue en el juicio del ‘procés’.
