Pedro Sánchez con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Ramón Pérez-Maura.- Yo creo que la sentencia del Supremo condenando al fiscal general del Estado por revelación de secretos fue muy leve para la gravedad del delito cometido. Sí, le hace perder el puesto, pero es que debería haber desalojado su despacho en cuanto fue imputado. No digamos cuando empezó el juicio. Es cierto que un solo día de inhabilitación hubiera sido una condena suficiente para apartarle de su puesto. Pero la gravedad del delito creo que ameritaba más. Ahora bien, ¿quién soy yo frente a los magistrados del Supremo? Por cinco votos contra dos –amplia mayoría– le han condenado a esa pena. Pero también a un pago de una multa de 20 euros diarios durante 12 meses y a indemnizar a Alberto González Amador a una multa de 10.000 euros.

A mí me parece que 10.000 euros es prácticamente nada para la gravedad de los hechos por los que García Ortiz es condenado. No sé qué alivio personal le generará al demandante. Pero sí me parece relevante que el hasta hoy fiscal general ha sido condenado a pagar las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular. ¿Puede haber mayor humillación? Cuando se condena a una parte a pagar las costas se sobreentiende que el tribunal le está acusando de actuar de mala fe. Cuando eso te pasa en un pleito familiar, es humillante para el condenado. Cuando sucede con el fiscal general del Estado demuestra la degradación, la inmensa degeneración de nuestro sistema.

La anormalidad jurídica que ha vivido España con un fiscal sentado en el banquillo de los acusados, entrando en la sede del Supremo, no por la puerta de los procesados, sino por la de autoridades y teniendo como defensores al abogado del Estado –para un delito que no cometió el Estado, sino él personalmente– y la representante de la Fiscalía defendiéndole con un ímpetu inusitado en lugar de defender al Estado de derecho, hace que el procedimiento judicial que acabamos de vivir sea más propio de una república bananera.

No me cabe la menor duda de que en las próximas horas y días vamos a vivir una nueva campaña del Gobierno y el Equipo Nacional de Opinión Sincronizada hablando de lawfare. Eso va a equivaler a decir que España no es un Estado de derecho. Confieso que yo temía que García Ortiz se pudiera escabullir y salir sin condena porque era casi imposible demostrar que había sido él personalmente el responsable de la filtración. Pero al final ha pesado lo suficiente la concurrencia de indicios inapelables. Y eso también es justificación suficiente para una condena.

Pedro Sánchez lleva demasiado tiempo descalificando todo lo que no se somete a su voluntad en España. La condena al fiscal general es de una gravedad sin precedentes para un Gobierno que sabía que esto estaba en camino porque era el que había dado las órdenes al fiscal. Y, por lo tanto, un Gobierno que es el verdaderamente condenado este 20 de noviembre en el que tan ansiosamente querían conmemorar la muerte de Franco. Con su pan se lo coman.

No nos engañemos. Lo sucedido ayer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo –que ha dictado sentencia con sorprendente rapidez, lo que es signo evidente de que tenían las cosas bastante claras– es de una inmensa gravedad. España es un país en el que el fiscal general es un delincuente y el Gobierno lo ampara hasta que la cosa no tiene remedio. ¿A quién va a pedir perdón Sánchez?