Finalmente y con mayor rapidez de la imaginada, el Tribunal Supremo se pronunció ayer sobre la insólita situación de un fiscal general del Estado en pleno ejercicio de sus funciones –es decir, ni dimitido ni cesado por el Gobierno– que ha sido juzgado durante dos semanas por un delito de revelación de datos reservados, con el evidente objetivo de favorecer al Gobierno que le designó. Que no debe olvidarse que fue la intención indiscutible que le movió a redactar esa nota de prensa «para ganar el relato» acerca de la situación judicial de un ciudadano anónimo hasta ese momento, pero que hoy es sabido que se trata de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la adversaria política máxima de Sánchez. Quien incluso afirmó que habrá que pedirle disculpas por haberle acusado de la comisión de un delito, siendo inocente.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por cinco votos contra dos, le ha condenado a no poder seguir siendo fiscal general durante dos años y a una multa e indemnización de 17.200 euros. Pero la condena ética y moral es más grave que esa cantidad: es la condena a seguir en el cargo a quien es el máximo representante de una institución del Estado encargada precisamente de velar por el respeto a la ley. Si creyeran en algo a las encuestas que publica su correligionario Tezanos, que pasó «per saltum» de encargarse en la Ejecutiva socialista federal de la secretaría de Estudios y Programas, incluidos los sociológicos, a dirigir el Centro de Investigaciones Sociológicas –pero del Estado–, convocaría inmediatamente elecciones.

Rodeado de causas judiciales protagonizadas ayer por el fiscal general del Estado, del que Sánchez confiaba totalmente en su inocencia, y de otra persona de total confianza suya, Santos Cerdán. Del que la cúpula del PSOE y del Gobierno ponían las «manos en el fuego» por su inocencia, y que salía de la prisión en la que ha estado ingresado durante casi cinco meses para impedir que pudiera manipular pruebas.

En esa situación, el «CisTezanos» le da al PSOE más de 10 puntos porcentuales por encima del PP, lo que apuntaría a esa convocatoria electoral anticipada. Claro que eso sí fuera cierto, por supuesto. Bolaños, el triministro, entre ellas la cartera de Justicia, ha expresado su «respeto legal» por el Fallo pero su discrepancia «moral», al tiempo que anunció el próximo nombramiento de su sucesor.

En la historia de una democracia occidental organizada como un Estado democrático y social «de Derecho», el baldón de este asunto es único y unido nuevamente al sanchismo. Que está «normalizando» lo anormal por incompatible e inimaginable en una democracia digna de tal nombre.