En los últimos días se han publicado dos informes -uno de Fedea y otro de la consultora dirigida por Lorenzo Bernaldo de Quirós- que ponen en cuestión la eficacia de las ayudas públicas impulsadas por el Gobierno. Ambos coinciden en un diagnóstico preocupante: estas políticas sociales, lejos de fomentar la reinserción laboral o la autonomía económica, se han convertido en un instrumento de gasto masivo sin control ni evaluación real.

El volumen de dinero destinado a estas ayudas, también algunas autonómicas, supera los 5.000 millones de euros anuales, procedentes de los impuestos de todos los españoles. Sin embargo, ni Fedea ni los expertos de la consultora mencionada encuentran evidencias de que tales fondos estén contribuyendo a reducir la pobreza ni a encontrar un trabajo. Denuncian que no existen mecanismos de seguimiento antes ni después de la concesión, lo que impide medir su impacto o corregir fallos estructurales.

El Gobierno, en cambio, presenta las cifras como un éxito. En su último balance, el Ejecutivo destacó que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 2,4 millones de personas, celebrando el aumento de beneficiarios como un logro en sí mismo. Pero, obviamente, es un error, ya que el objetivo no debería ser aumentar el número de perceptores, sino reducir la cantidad de ciudadanos que necesitan recurrir a una ayuda para sobrevivir. Además, este mensaje oficial contrasta con el optimismo económico que el propio Gobierno intenta proyectar. Si, como se repite desde Moncloa, “la economía va de cine”, resulta contradictorio que crezca la dependencia de subsidios y que el paro -incluyendo los fijos discontinuos- siga superando de largo los tres millones de personas.

Fedea subraya también que la eficacia de las políticas sociales no depende solo de la capacidad de gastar, sino de integrar esas ayudas en una estrategia coherente de inserción laboral y desarrollo económico. En su análisis, las prestaciones públicas deberían ser un medio temporal para reincorporar a las personas al mercado de trabajo, no un fin en sí mismas. Está claro que es urgente el control y una evaluación independiente sobre el destino y los resultados del dinero público. Sin una revisión profunda del modelo, España corre el riesgo de perpetuar un sistema asistencial costoso, ineficiente y, sobre todo, incapaz de ofrecer una verdadera oportunidad de reinserción a quienes más la necesitan.