Por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre la poligamia, un asunto hasta ahora inexplorado por la institución de Estrasburgo. El caso, que podría sentar un precedente histórico, enfrenta a un ciudadano yemení, Khaled Al-Anesi, con el Estado de los Países Bajos, después de que este último negara la reunificación familiar de los hijos nacidos de su segunda y tercera esposa. El hombre, abogado de profesión y refugiado político desde la Primavera Árabe, acusa a las autoridades neerlandesas de vulnerar su derecho al respeto de la vida familiar.

Al-Anesi llegó a los Países Bajos tras recibir asilo y logró traer consigo a su primera esposa y a sus ocho hijos. Más tarde, al intentar extender la reagrupación a los cinco hijos que tuvo con sus otras dos mujeres, se topó con un obstáculo legal: la poligamia está prohibida por la legislación neerlandesa. Las autoridades consideraron que esos niños ya se encontraban en buenas condiciones de vida en Turquía, donde residían con sus madres bajo estatus de refugiadas, y rechazaron la solicitud.

El Gobierno neerlandés incluso le sugirió al yemení que se divorciara de sus dos esposas adicionales si deseaba continuar el proceso. Él se negó. En la primera reunificación ya había tenido que elegir a cuál de sus cónyuges llevar al país, y lo hizo. Ahora, años después, exige al Tribunal Europeo que declare que esa negativa viola sus derechos fundamentales.

La admisión del caso por parte del TEDH marca un hecho inédito: es la primera vez que el alto tribunal se ve obligado a pronunciarse sobre una cuestión relacionada con la poligamia. Hasta ahora, sólo la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos había abordado el tema, y fue en 1992. Sin embargo, este procedimiento no cuestiona directamente la prohibición de la poligamia, sino que pone en duda la legitimidad de denegar una reagrupación familiar basándose en esa prohibición.

Los juristas alertan de que el caso podría abrir una peligrosa vía de elusión. Si el Tribunal da la razón al demandante, los hijos de matrimonios polígamos podrían solicitar la reunificación de forma independiente, sin que los Estados puedan invocar la ilegalidad de la poligamia para rechazarla. De ese modo, se permitiría reconstituir indirectamente familias polígamas bajo el amparo de los derechos humanos.

El caso también pone de relieve una contradicción profunda en el sistema europeo de derechos humanos. Al centrarse exclusivamente en la protección del individuo y de su libertad personal, el Tribunal suele ignorar las implicaciones morales o culturales de los actos del demandante. En este caso, el hombre fue acogido por los Países Bajos, recibió protección, asistencia económica y la posibilidad de reagruparse con una parte de su familia. Pese a ello, demanda al Estado que lo ayudó, alegando que no se le ha permitido traer a todos sus hijos.

Esta actitud revela, según algunos analistas, una «ceguera moral» del sistema: la incapacidad de reconocer que, en determinados casos, el derecho individual puede entrar en conflicto con los valores esenciales de una sociedad, como la prohibición de la poligamia, que forma parte de la tradición jurídica, cultural y religiosa europea.

El debate también tiene una dimensión filosófica. Durante décadas, el TEDH ha ampliado la noción de «vida familiar» hasta incluir modelos alternativos: uniones de hecho, relaciones homosexuales o familias reconstituidas. Sin embargo, esta lógica liberal e individualista, centrada en la autonomía personal, deja pocas herramientas para justificar jurídicamente por qué una familia polígama no debería gozar del mismo reconocimiento.

La monogamia, pilar de la civilización occidental, no puede defenderse en el lenguaje de los derechos humanos sin recurrir a conceptos morales o culturales, precisamente los que el Tribunal ha rechazado sistemáticamente. De hecho, su jurisprudencia establece que los Estados no pueden basar sus decisiones en «consideraciones morales o tradiciones sociales» para limitar «derechos individuales».

Paradójicamente, en otros casos —como el de la prohibición del velo integral en Francia— el TEDH ya dictaminó que un Estado no puede prohibir una práctica que una persona reivindique como expresión de su libertad, incluso cuando esa práctica pueda interpretarse como contraria a la igualdad de género. En aquel fallo, el Tribunal sostuvo que la diversidad cultural y las diferencias personales enriquecen la democracia.