El 20 de noviembre se cumplirán cincuenta años de la muerte de Francisco Franco. Medio siglo después, resulta sorprendente que su nombre siga ocupando más titulares que los problemas reales que sufren millones de españoles vivos. No es fruto de la nostalgia colectiva, ni de una pulsión social espontánea. Es consecuencia directa de una estrategia política deliberada, de un Gobierno que ha decidido construir su discurso sobre un enemigo que dejó de existir hace medio siglo. Un fantasma convertido en cortina de humo.

La exhumación del Caudillo, la retirada sistemática de estatuas, el cambio obsesivo de calles y símbolos, la reescritura apresurada del pasado y la utilización permanente de su figura como arma arrojadiza no son ejercicios de rigor histórico, sino herramientas de supervivencia política. Franco llena hoy más la agenda del Gobierno que la vivienda, la inflación, la sanidad o la economía. Y ese es, exactamente, el problema.

La paradoja histórica es evidente. Franco, con todos los matices que cualquier análisis serio del siglo XX exige, era capaz de llenar la Plaza de Oriente con su sola presencia. Pedro Sánchez, en cambio, ha tenido que recortar actos públicos, moverse entre escenarios controlados y gestionar apariciones casi clandestinas para evitar abucheos. Mientras uno no necesitaba hablar para ser escuchado, el otro no puede hablar sin riesgos. La comparación no pretende legitimar un tiempo ni desacreditar otro, sino evidenciar que la obsesión por el Caudillo no sirve para tapar una realidad evidente: España tiene problemas muy graves que no se resolverán removiendo tumbas ni derribando placas.

Vista la necesidad casi enfermiza de este gobierno por hablar del creador de la democracia orgánica, vamos a ver algunos objetivos incómodos para quienes insisten en vivir políticamente de un pasado que ya no existe.

En materia de vivienda, la comparación es casi sonrojante. En 1975 se construyeron 374.391 viviendas. Hoy, medio siglo después, España es incapaz de acercarse siquiera a esas cifras. Bajo la última etapa del franquismo, más de cuatro millones de viviendas protegidas se levantaron entre 1961 y 1975. Familias que pagaban su casa en seis o siete años, con un único sueldo, y jóvenes que se emancipaban en la veintena. En 2025, en cambio, una generación completa sigue atrapada en alquileres imposibles, hipotecas inaccesibles y una emancipación que llega, con suerte, en la cuarentena.

El paro es otro espejo que incomoda. Las cifras finales del franquismo situaban la tasa oficial por debajo del 2%. Hoy España encabeza el desempleo de la Unión Europea y cerró 2024 con un 10,61% según la EPA. La precariedad es crónica y la estabilidad laboral, una excepción. Podemos discutir metodologías, pero no tendencias: medio siglo después, el pleno empleo sigue siendo un horizonte inalcanzable.

En economía e industria, la comparación tampoco favorece al presente. La España del desarrollismo, pese a sus limitaciones, avanzó hacia una modernización acelerada, atrajo turismo masivo, creó industria, levantó pantanos, impulsó energía y colocó al país en un lugar internacional más sólido. La famosa frase “Spain is different” atrajo a millones de europeos a nuestras playas y generó riqueza. Hoy, en cambio, España lucha por mantener su industria, depende del turismo estacional y sufre unos costes energéticos que lastran a familias y empresas.

La inmigración, prácticamente inexistente como fenómeno masivo durante la mayor parte del siglo XX, se ha convertido en un desafío estructural. Las llegadas irregulares se han disparado mientras falta una política clara de integración, regulación y equilibrado territorial. Más presión, menos gestión.

El poder adquisitivo es el examen moral de un país, y España lo suspende con estrépito. Hoy los niños pasan semanas sin comer pescado o ternera porque los sueldos no alcanzan. Muchas familias llegan al día 17 sin recursos. La luz, el agua, el gas y la gasolina están en máximos históricos. La sanidad pública ofrece citas con especialistas a meses vista. Las hipotecas son inasumibles. Los bancos endurecen créditos e hipotecas hasta hacerlos inaccesibles. Esta es la realidad que debería ocupar portadas. Pero no entra en los discursos cuando resulta mucho más cómodo hablar del pasado.

Y está, por último, la cuestión de la deuda, quizá la diferencia más contundente. En 1975, España prácticamente no tenía deuda pública externa. Era un país con problemas, pero sin hipotecas financieras. En 2025, la deuda supera el 110% del PIB y condiciona cualquier política económica. España ha pasado de no deber nada a deberlo casi todo. El futuro de varias generaciones está ya comprometido.

Hoy España vive un aumento evidente de criminalidad y sensación de inseguridad, muy lejos de aquella época en la que el respeto, la honradez y un fuerte sentido de orden permitían vivir sin miedo. Antes la convivencia se sustentaba en una moral social clara; hoy muchos ciudadanos sienten que la delincuencia crece, en parte por culpa de la inmigración ilegal descontrolada.

La conclusión debería ser evidente incluso para quienes insisten en gobernar desde la nostalgia del antifranquismo. Franco murió hace cincuenta años. Su figura pertenece a los libros, a los archivos, a los historiadores y a quienes dedican su vida académica a estudiar el pasado. Los españoles, en cambio, viven en el presente. Con inflación, paro, deuda, inmigración desbordada, vivienda inaccesible, servicios colapsados y un poder adquisitivo erosionado. Solo se exige políticas reales, gestión seria y liderazgo responsable, ¿es mucho pedir?.

Si el Gobierno quiere hablar de Franco, que lo haga. Pero que no utilice su sombra para ocultar la realidad. Porque mientras Pedro Sánchez revive continuamente al Caudillo, los ciudadanos luchan por llegar a fin de mes. Y mientras el presidente insiste en combatir un fantasma, el país se enfrenta a problemas muy vivos.

Cincuenta años después, España no necesita gobernantes mirando a una tumba. Necesita gobernantes mirando a su pueblo. El pasado ya está escrito. El presente, no. Y es hora de que quien gobierna lo entienda.