La ministra de Sanidad, Mónica García, con Salvador Illa, en una imagen de archivo.

“Ahora mismo tenemos un gobierno en nuestra comunidad que, es de izquierdas, pero estamos peor que en la Comunidad de Madrid». Esta es una reflexión que hizo a este diario Jesús Jiménez, responsable de Sanidad del CSIF en Cataluña. Es uno de los más claros a la hora de pronunciarse sobre esta cuestión, pero sanitarios y gestores hospitalarios coinciden en que es imposible que el sistema funcione bien, cuando está pensado para una Cataluña de seis millones de habitantes, y ya hay ocho millones.

Por todo ello, la situación de la sanidad de esta comunidad autónoma, no dista mucho, cuando no es peor que en otras autonomías, a diferencia de lo que asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pone el foco, precisamente, en las CCAA gobernadas por el Partido Popular.

Y es que a las largas listas de espera y la saturación en urgencias se suma un gasto sanitario por habitante entre los más bajos de España, la falta de profesionales médicos y de enfermería y un problema estructural de envejecimiento de la plantilla. La combinación de todos estos factores amenaza con llevar al límite un sistema que, a pesar de los esfuerzos de sus trabajadores, acumula síntomas de agotamiento.

En este contexto, profesionales, sindicatos y gestores advierten de que el sistema público necesita un refuerzo urgente para afrontar el envejecimiento de la población, la cronicidad creciente y la jubilación masiva del personal sanitario de la generación del «baby-boom».

El gasto por habitante: Cataluña, a la cola
Según los últimos datos de los presupuestos autonómicos de 2025, Cataluña destina 1.515,99 euros por habitante a sanidad, frente a los 2.422,28 euros de Asturias, la comunidad que más invierte por persona, o los más de 2.000 euros de Castilla-La Mancha o los 1861 de Madrid. La media nacional se sitúa en torno a los 1.757 euros por habitante. Eso sí, hay que tener en cuenta que estas cifras recogen los presupuestos iniciales y partidas asignadas para los presupuestos de 2025 que, en el caso de Cataluña, están prorrogados, y la Generalitat ha tenido que tirar de tres suplementos de créditos para paliar algunos déficits.

Un déficit presupuestario, en cualquier caso, que no es solo una cuestión de cifras: impacta directamente en la capacidad del sistema para contratar personal, abrir camas, invertir en tecnología o reforzar la Atención Primaria. Y eso se traduce en las cifras que se van a desgranar a continuación.

Es el caso de las listas de espera. Y, en este ámbito, Cataluña cuenta con una de las peores cifras del país. A 30 de junio de 2025, España registraba 832.728 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, con una demora media de 118,6 días, según datos del Ministerio de Sanidad. Pues bien, Cataluña se sitúa por encima de esa media, con 148 días de espera de promedio, siendo la autonomía con mayor demora para entrar en quirófano. Además, acumula 25,39 pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes, la tasa más alta del Estado.

Y con Salvador Illa, mandando en la Generalitat, han continuado aumentando las listas de espera: en 2004 se incrementaron un 7 % con respecto al 2023 (con el republicano Pere Aragonés al frente del gobierno catalán) y los datos para este año no van a ser muy diferentes. La espera para consultas con especialistas es igualmente preocupante: 112 días de media en Cataluña frente a los 63 días de la Comunidad de Madrid.

Aun así, la consejera de Salud, Olga Pané, defiende el esfuerzo que ha llevado a cabo el gobierno catalán incrementado un 25 % las plantillas sanitarias y destinando cerca de 6.000 millones de euros adicionales para ampliar la capacidad asistencial. Este esfuerzo, ha asegurado, ha permitido hacer más intervenciones quirúrgicas, más pruebas diagnósticas y más primeras visitas.

Pero lo cierto es que luce poco, entre otras cuestiones, por el aumento de la población y también por el envejecimiento, porque las personas de más de 65 años, según la consejería, representan un 20 % de la población, pero consumen casi la mitad de los recursos sanitarios públicos.

De esta forma, y según datos de la consejera, las listas de espera para operarse en Cataluña se han reducido en casi 5.800 personas en un año. Cifra que prácticamente se ha mantenido estable a pesar de esa mayor inversión y actividad récord, en palabras de Olga Pané. En el caso de las consultas externas, en septiembre había cerca de 18.900 personas en listas de espera. Pero eso sí, la consejera saca pecho porque Cataluña es una de las comunidades autónomas «más transparentes» en la publicación de datos relativos a la sanidad.

Pero el sistema sigue estando tensionado y no logra absorber la demanda. Y un ejemplo, es la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema y está al límite. De hecho, arrastra un déficit crónico. Cataluña cuenta con 494 médicos activos por cada 10.000 habitantes, frente a los 511 de media nacional, según datos del Colegio de Médicos de Cataluña.

A esta menor densidad de facultativos se suma un grave problema de relevo generacional: más del 22 % de los médicos colegiados en Cataluña están jubilados o en proceso de jubilación, lo que anticipa un vacío de profesionales en los próximos años.

Las enfermeras afrontan una situación similar. Los sindicatos alertan de la falta de personal de enfermería y de unas condiciones laborales que provocan tanto fuga de talento hacia otras comunidades como jubilaciones anticipadas. A ello se añade la escasez de pediatras en la Atención Primaria catalana, faltan unos 400 profesionales, lo que obliga a redistribuir plantillas y sobrecargar consultas.

Los profesionales sanitarios han advertido en reiteradas ocasiones del riesgo de colapso si no se acomete un plan de recursos humanos a medio plazo. La generación del baby boom está próxima a retirarse y la reposición no alcanza el ritmo necesario.

Saturación estructural

Las urgencias hospitalarias catalanas viven bajo una presión constante. Los datos disponibles apuntan a un incremento de más del 20 % en las visitas a urgencias entre 2021 y 2024. A esta tendencia se suma el cierre temporal de plantas hospitalarias durante el verano por falta de personal o sustituciones, que reduce la disponibilidad de camas en los momentos de mayor demanda.

Según denunció el sindicato SATSE, este verano se cerraron más de 10.200 camas en toda España, de las cuales 1.300 correspondían a hospitales catalanes, lo que representa aproximadamente un 13 % del total nacional. Bien es cierto que en otras autonomías, siempre según SATSE, se cerraron más camas en términos absolutos, como en Andalucía, 2.200; o Madrid, 1.500.

El efecto en cadena es evidente: cuando las consultas externas y la Atención Primaria no pueden absorber la demanda, las urgencias se convierten en la puerta de entrada de pacientes que deberían haber sido atendidos antes, colapsando un nivel asistencial que debería estar reservado para emergencias reales.

Cribados, diagnósticos y acceso a medicamentos

Los programas de cribado y diagnóstico también se ven afectados por la falta de recursos. En Cataluña, el tiempo medio para realizar pruebas diagnósticas alcanza los 85 días, con especialidades como urología o traumatología, acumulando retrasos de hasta cinco meses. En Madrid, por ejemplo, esta media se sitúa en los 72 días.

Asimismo, algunas asociaciones de pacientes han denunciado dificultades de acceso a determinados medicamentos de uso hospitalario o de alto impacto económico, disponibles en otras comunidades autónomas, pero no financiados aún en el sistema catalán, lo que genera desigualdades en el tratamiento según el territorio de residencia.

Es el caso, por ejemplo, de la triple terapia para tratar la EPOC. En Valencia o Aragón los pacientes acceden libremente a esta terapia, que es el tratamiento más efectivo para casos moderados y graves, mientras que, en Cataluña, el sistema sanitario público impone trabas que convierten la esperanza de los enfermos en frustración.

¿Cuál es el problema en Cataluña?: el Índice de Calidad de Prescripción Farmacéutica (IQF). Introducido en 2023, este indicador cuantifica la prescripción de ciertos fármacos y establece límites estrictos: los médicos de atención primaria solo pueden recetar triple terapia hasta un 12 % de sus casos sin riesgo de sanción; en hospitales, el tope es del 26 %, y en áreas de gestión asistencial, del 13 %. Superarlo implica recortes del 20 % en el presupuesto para medicamentos del centro, lo que genera un «efecto disuasorio» demoledor, según los afectados de EPOC.

Con todo este panorama, sanitarios y gestores hospitalarios consideran que la sanidad catalana afronta cinco grandes retos. Para empezar, el relevo generacional sanitario, teniendo en cuenta que más de una quinta parte de los médicos están en edad de jubilación. Sin incentivos y sin oferta suficiente en formación MIR, el déficit crecerá. La alternativa es contratar médicos del resto de España o extranjeros, pero aquí hay que tener en cuenta la cuestión lingüística, y la cerrazón de la Generalitat, que insiste en que los facultativos que ejercen en Cataluña deben tener un nivel alto de catalán.

Otro reto es reducir las listas de espera. En este ámbito se propone aumentar la actividad quirúrgica, abrir quirófanos en turnos de tarde y ampliar la plantilla de especialistas. Para ello es necesario un incremento presupuestario, que pasaría por equiparar el gasto sanitario per cápita con la media estatal, permitiría sostener plantillas, tecnología y programas preventivos.

También hay que tener en cuenta la gestión de urgencias y la estacionalidad para evitar cierres de camas en verano y supondría planificar refuerzos de personal en periodos de alta demanda, algo que, desde luego, no ha ocurrido. Según datos del CSIF, solo en el último año se han dejado de cubrir más de 3.000 plazas, lo que supone un «retroceso» comparable al de los recortes de 2010, cuando «miles de profesionales fueron expulsados del sistema sanitario público», según Jesús Jiménez, responsable de sanidad de este sindicato en Cataluña.