El polémico caso del campamento ‘trans’ que sacudió a decenas de niños en Álava hace dos meses ha dejado secuelas psicológicas profundas en varias menores, cuyos padres denuncian la falta total de apoyo institucional. Las familias aseguran que, pese a la gravedad de lo ocurrido en el udaleku de Bernedo, ninguna autoridad se ha puesto en contacto con ellas para ofrecer ayuda profesional.

Irati —nombre ficticio— es una de las adolescentes afectadas. Desde que regresó del campamento, su vida cambió por completo: ataques de ansiedad, miedo a desnudarse incluso en su propia casa y recuerdos que le generan angustia. Su madre cuenta que la joven volvió «asustada» por las duchas mixtas y la presencia de adultos desnudos en las instalaciones. Tras semanas de silencio, su deterioro fue tan evidente que tuvo que ser hospitalizada. La psiquiatra que la atiende ha diagnosticado un posible cuadro de estrés postraumático y ha alertado del riesgo de autolesiones.

El caso de Irati no es aislado. Al menos otras tres niñas han comenzado terapia psicológica en las últimas semanas, y varias familias más estudian hacerlo. Los padres explican que todo lo están pagando de su bolsillo, con sus ahorros, ante la ausencia de respuesta de las administraciones. Denuncian que la única atención que recibieron fueron llamadas de políticos «cuando el escándalo salió en la prensa», con la intención —afirman— de contener el daño mediático, no de ayudar a las víctimas.

La Ertzaintza, por su parte, ya ha recibido 21 denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual cometidos durante el campamento organizado por la asociación Sarrea. Las familias temen que haya más casos ocultos, ya que muchas niñas no se conocen entre sí y podrían no haber compartido todavía lo vivido.

Entre las víctimas también está Nerea, una guipuzcoana de 13 años que participó en el udaleku de agosto. Durante semanas se mostró retraída y dejó de asistir a clase. Sus padres descubrieron que se refugiaba sola en un parque. Tras un estallido emocional, admitió que los recuerdos del campamento le perseguían. Desde entonces, recibe atención psicológica privada. Su madre lo resume con una frase que repiten muchas familias: «Proteger a nuestras hijas y pedir justicia no tiene color político».

Otra menor, Haizea, de once años y vecina de Vizcaya, regresó del campamento de julio con un comportamiento completamente distinto. Lloraba cada noche y se negaba a hablar del tema. Poco a poco fue revelando detalles que han horrorizado a sus padres. En uno de sus últimos comentarios, relató que algunas monitoras realizaban actos impropios delante de las niñas. Su madre no puede contener la rabia: «Si hubiera sabido lo que pasaba allí, jamás la habría llevado. Quería que mejorara su euskera, no que viviera algo así».

Más allá del impacto individual, las familias denuncian que el caso ha sido absorbido por un debate político y ideológico que ha desviado la atención de las víctimas. Algunas madres, feministas y de izquierda, lamentan la falta de empatía de su propio entorno, que ha preferido centrar la discusión en etiquetas como «transfeminismo» o «ultraderecha» en lugar de en los menores afectados.

Mientras tanto, los padres insisten en algo que consideran obvio: que lo sucedido en Bernedo no es una batalla política, sino una tragedia que ha dejado heridas reales. «Se habla de ideología, pero nadie se preocupa por cómo están nuestras hijas», lamenta una madre. Y mientras la investigación judicial avanza lentamente, ellas siguen costeando de su bolsillo las sesiones de terapia que el Estado —dicen— les ha negado.

La Gaceta