Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado no tiene precedentes en democracia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a declarar públicamente que el fiscal es inocente antes incluso de que la Justicia se pronuncie. No es una opinión personal, es una injerencia directa en el poder judicial. Sánchez actúa como si la condena o la absolución dependieran de su voluntad, como si el Estado de derecho fuera un decorado y no una estructura independiente.

Cuando el jefe del Ejecutivo dicta sentencia desde la tribuna, lo que está haciendo es preparar el terreno para lo que podría venir después: el indulto o la manipulación institucional. Todo apunta a que, si el fiscal general resulta condenado, el Gobierno ya tiene diseñadas dos vías para salvarlo: una política, a través del indulto; y otra judicial, mediante la intervención del Tribunal Constitucional, convertido hoy en el último bastión del sanchismo.

El tribunal, presidido por Cándido Conde-Pumpido —un magistrado cuya obediencia a los deseos de La Moncloa es ya escandalosa—, ha demostrado sobradamente que no duda en reinterpretar las leyes para adaptarlas al interés del Gobierno. El Constitucional ya ha actuado como un tribunal de parte, enmendando resoluciones judiciales, bloqueando iniciativas de la oposición y convirtiéndose en la herramienta más eficaz para garantizar la impunidad de quienes rodean al presidente.

El mensaje es claro: ningún aliado de Sánchez caerá, por grave que sea el delito o por evidente que sea la prueba. Si el fiscal general del Estado es finalmente condenado, bastará con un indulto rápido o con una sentencia corregida por el Constitucional para que todo quede en nada.

No sería la primera vez que el Gobierno utiliza las instituciones del Estado como su propio escudo judicial. La estrategia se repite: primero se desacredita a los jueces, luego se anticipa la inocencia del acusado y, cuando llega la condena, se reescribe la historia para que el culpable salga limpio.

La situación es gravísima. Un fiscal general procesado, protegido por el presidente, y un tribunal constitucional dispuesto a obedecer órdenes, son síntomas de una enfermedad institucional: el sometimiento del poder judicial al poder político. España está viviendo una degradación acelerada de sus instituciones, donde la separación de poderes ha dejado de existir. El Ejecutivo legisla, interpreta y perdona. El judicial obedece o es purgado.

El ciudadano asiste impotente a un espectáculo indignante: el presidente del Gobierno dictando sentencias, el fiscal general juzgado y a la vez defendido por el poder político, y un Tribunal Constitucional que actúa como oficina jurídica del partido en el Gobierno.

Si finalmente el fiscal es condenado y aun así se mantiene en su cargo gracias a una maniobra del Ejecutivo, España habrá cruzado una línea que ya no tiene retorno.

Un país donde los fiscales son protegidos por los políticos a los que deberían investigar, donde los jueces son corregidos por tribunales subordinados al poder y donde el presidente se permite anticipar los fallos judiciales, ya no es una democracia plena. Es un régimen tutelado por el Gobierno.

Pedro Sánchez no está defendiendo al fiscal general: se está defendiendo a sí mismo. Porque lo que se juzga no es solo la conducta de un hombre, sino la red de poder que lo sostiene. Si el fiscal cae, se tambalea el edificio entero de protección política y mediática que ha construido el sanchismo. Por eso el presidente se anticipa, lo exculpa, lo blinda y, si hace falta, lo indulta.

El problema no es solo la corrupción. Es la impunidad. Y la impunidad, cuando se instala en el poder, destruye la confianza en el Estado, en la ley y en la justicia. Cuando un presidente decide quién es inocente y quién no, el país deja de ser una democracia y se convierte en una república de favores.

España se enfrenta a una pregunta que ningún demócrata debería tener que responder: ¿puede un fiscal condenado seguir siendo fiscal general del Estado si el presidente así lo quiere? Si la respuesta es sí, entonces el Estado ya no es de derecho. Es de Pedro Sánchez.