Los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes de la causa contra el fiscal general del Estado han destacado que “durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general” que es “evidente” porque “todo lo que se ha filtrado estaba en Fiscalía General del Estado”.

En la penúltima sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz, estos agentes de la UCO han reconocido que no hallaron pruebas directas de la difusión del correo clave sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por parte del fiscal general dado que su móvil y su email habían sido borrados.

“El dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal en una institución jerarquizada. Él da instrucciones, a través de la fiscal provincial”, ha señalado uno de los agentes, si bien otro le ha interrumpido: “Y de Lastra”, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.

El agente ha reiterado que “en el proceso se ve un dominio (de García Ortiz) por jerarquía” porque “lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va a hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general”. Una afirmación que ha sido contestada por el fiscal: “Eso es una deducción suya enteramente libre”.

Los agentes han apuntado a “un antecedente” en la filtración respecto a la noticia del 12 de marzo de 2024 sobre la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La información que se publicó, en su opinión, “se compadece con lo que tiene Fiscalía General, no la Fiscalía Superior”, puesto que en los días anteriores lo había reclamado la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, en una dación de cuentas.

“Para nosotros es un precedente bastante claro porque muestra un ‘modus operandi’ de recabar información” que luego, en su opinión, se traslada a lo ocurrido en la noche del 13 de marzo con la nota de prensa que pretende elaborar García Ortiz para aclarar que el pacto que buscaba el abogado de la pareja de Díaz Ayuso no partía de la Fiscalía.

Al respecto, han explicado que “es el fiscal general, desde la Fiscalía General, quien dice y quien mueve esa nota de prensa y cuando se va a dar, y quien tiene la urgencia de darla”.

“No se si Almudena Lastra o la fiscal provincial tienen conocimiento de en qué condiciones y cuándo. Yo creo que incluso le sorprende a la fiscal provincial el cuándo y cómo porque creo que ella piensa que va a salir a través de la Comunidad de Madrid”, ha dicho uno de ellos. La nota salió con el membrete de la Fiscalía Provincial.

Ahora bien, los agentes, que han comparecido como peritos y testigos, han reconocido que no hallaron pruebas de la difusión del correo clave en el teléfono del fiscal general. “Nosotros al teléfono del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado”, han señalado.

Cuando procedieron al análisis de los dispositivos intervenidos en el registro, según han dicho, se percataron de que los mensajes habían sido borrados el 16 de octubre -cuando se abrió causa penal-, que el terminal telefónico no había sido devuelto -el fiscal general cambió el 23 de octubre de terminal- y que la copia del correo privado de Gmail -a donde la fiscal provincial de Madrid le envió los correos- había sido eliminada.

Respecto al borrado del Gmail -que el fiscal general justificó en mensajes amenazantes recibidos tras el informe de la UCO- han reconocido que no incluyeron cuándo se borró.

Con todo, han señalado que “el correo que acaba filtrándose está en poder del fiscal general a las 21:59 horas”, si bien “seguramente se debe conocer que los correos existen para solicitarlos”. No le llega el último correo, el que publica El Mundo, hasta las 23:47 horas.

Los agentes han subrayado que ellos ven “dos filtraciones”. Por un lado, “el entrecomillado del correo” que publica la Ser y “luego ya, con otro propósito y por otro circuito, ya es todo el correo en sí”, en referencia al envío por parte de la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera al entonces líder del PSOE-M, Juan Lobato, de un pantallazo con el correo clave.

Para ellos “es llamativo que Lobato desde el minuto uno que lo recibe se da cuenta de que un correo con esos datos personales, publicarlo sin que previamente esté en los medios, puede incurrir en una irregularidad”.

Han explicado que Lobato preguntaba insistentemente por el origen del correo porque si no, dijo, parece que venía de la Fiscalía, pero Sánchez Acera le explicó que la tenían los medios. No obstante, los agentes han dicho que cuando ellos hablan, “en los medios ese correo no está” y que interpretan que Sánchez Acera tiene “dominio de la acción” como si supiera cuando iba a ser publicado.

Uno de los agentes llamados este miércoles es el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO, cuyo nombre se conoció el pasado mes de mayo cuando se supo que la exmilitante del PSOE Leire Díez hizo intentos de buscar información sensible en su contra. Este agente también lidera las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los agentes de la UCO insistieron en que no tuvieron acceso al móvil de García Ortiz porque “estaba borrado” y ellos reconstruyeron los teléfonos con los que se había comunicado por el contenido del móvil de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y por los listados de llamadas de la compañía telefónica.