El fenómeno se conoce policialmente como ‘menas-Erasmus’, que es la suma del acrónimo para referirse a los menores no acompañados (menas) y del programa de becas de la Unión Europea para estudiar en el extranjero. La traducción es: familias marroquíes que viajan a España como si fueran turistas, pero cuyo objetivo real es volver sin sus hijos. Los ‘abandonan’ aquí para que los acoja el sistema de protección español.

Las Fuerzas de Seguridad, los servicios sociales y la Fiscalía de Menores advierten de una clara tendencia al alza del fenómeno, que ya se ha detectado en Málaga, aunque no es exclusivo de la provincia ni de Andalucía. En Madrid, Valencia, Baleares o País Vasco se han registrado numerosos casos e incluso en Cataluña se ha desmantelado una red que se dedicaba a organizar estos viajes.

Según cuenta SUR, en Málaga hay media docena de expedientes abiertos sobre esta peculiar modalidad de abandono. La semana pasada, sin ir más lejos, se detectaron dos. Uno de ellos era un adolescente que aseguraba venir de Francia, adonde había volado con sus padres, y manifestaba estar solo en España.

El otro caso es aún más singular, porque ocurrió en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Una mujer que había acudido a los juzgados a hacer un trámite dejó a su hijo allí con una maleta. Después de varias horas sin noticias de su paradero, la madre volvió a por él tras las serias advertencias -telefónicas- de la Fiscalía de que podía incurrir en un delito de abandono.

La mayoría de las familias son de origen marroquí y, en menor medida, de Argelia, Senegal y Gambia. Acceden de forma legal a España, con visados turísticos o de estudios, y una vez aquí los padres se separan voluntaria y deliberadamente de sus hijos para que éstos queden bajo la tutela de las entidades públicas españolas, donde son acogidos por el sistema de protección.

El perfil es seguramente lo más llamativo. El fenómeno de los ‘menas’ comenzó con menores procedentes de ámbitos rurales de Marruecos y de entornos muy desfavorecidos que entraban en España colándose en las bodegas de los ferris, en pateras o en los bajos de camiones.

El caso de los ‘menas-Erasmus’ es distinto. Viajan en avión y se quedan en suelo español después de hacer turismo. «Los padres aprovechan para enseñarles la ciudad e indicarles dónde están las comisarías y los lugares a los que deben acudir», explica una fuente policial.

Ni la normativa española ni la comunitaria permiten excluir de protección a un menor que se encuentre sin responsables legales, aunque aparente solvencia económica. Algunos llevan ropa y zapatillas de marca y un teléfono de última generación. Provienen de familias de clase media que buscan para sus hijos mejores oportunidades educativas y vitales.

El sistema de protección español les garantiza atención sanitaria, educación y la posibilidad de acceder a permisos de residencia al alcanzar la mayoría de edad. De hecho, se les tramita la nacionalidad siendo menores e incluso, cumplidos los 18, tienen la posibilidad de traer a sus padres y hermanos mediante la reagrupación familiar.

Entre los expedientes investigados en los últimos meses en Málaga, destacan el de una menor que fue interceptada por la policía deambulando por la calle. Cuando le preguntaron por qué estaba sola y dónde iba, respondió que se dirigía a la Comisaría Provincial, y terminó confesando que había venido a Málaga en un viaje de turismo con sus padres y que no sabía dónde estaban. También aclaró que quería formarse académicamente. Otros, sin embargo, no saben ni una palabra de español, pero traen un papel con una frase apuntada: «Soy menor no acompañado. Ayúdeme».

El primer paso corresponde a la policía, para la que supone una carga de trabajo adicional. En comisaría se encargan de reseñarlos y de elaborar un informe para la Fiscalía, que abre un procedimiento por abandono y les aplica el llamado ‘protocolo Mena’, que implica su ingreso en un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía.

A partir de ese momento, el Gobierno autonómico asume su tutela. «Se convierte en sus padres a todos los efectos», resume una fuente judicial, que enumera la amplia cobertura a la que acceden: «Alimentación, educación, ropa, asistencia sanitaria en toda su extensión… Si necesitan gafas o una ortodoncia, la Junta lo paga. Y se les asigna un peculio diario para sus gastos».

En un centro de protección, las medidas de seguridad son mucho más laxas que en uno de reforma (destinado a los que delinquen). Las fugas, dice la fuente, son habituales. «Se escapan los fines de semana para irse de marcha y cuando quieren volver al centro, se acercan a una comisaría o a un coche patrulla para que los lleven». Si eso ocurriera con cualquier otro menor, se avisaría a sus padres para que fuesen a buscarlos. «En este caso, como el padre es la Junta, la policía es el taxi», apostilla.

La situación, coinciden las fuentes, es a todas luces injusta. «Para que un menor entre en protección, hay que realizar una valoración, se estudia a la familia, su entorno… En el ‘protocolo Mena’, la plaza se asigna directamente», apunta otra fuente relacionada con el ámbito de los servicios sociales, que denuncia la saturación de los recursos que ofrece el sistema y el «fraude de ley» que se produce en los ‘abandonos’ ficticios.

«La llegada de menores con necesidades materiales cubiertas tensiona los recursos públicos destinados a la protección real de menores vulnerables. Ocupan plazas en centros de protección, generan mayores cargas en educación y sanidad. Esta situación se puede percibir como un uso abusivo de las garantías establecidas para menores realmente desprotegidos», resume una fuente policial.

En País Vasco, una de las comunidades más afectadas, la Ertzaintza ha llegado a detener ya a media docena de padres -y eso sólo son los casos demostrados, porque los expedientes se cuentan por decenas- por haber ‘abandonado’ allí a sus hijos para aprovecharse de los beneficios del sistema de protección español.

A finales de octubre, la Policía Nacional desmanteló en Tarragona una red formada por familias extranjeras que simulaban que sus hijos eran menores no acompañados con el objetivo de que el Estado se hiciera cargo de los costes de manutención, educación y salud.

La investigación desarrollada en Cataluña puso cifras al fraude, que sólo en concepto de Seguridad Social ascendía a 1.589.747 euros. El gasto diario (e individual) por el mantenimiento de estos menores oscila entre 31 y 140 euros, según informó la Policía Nacional.

En esa operación, que se saldó con 30 detenidos, los agentes identificaron dos perfiles de familias. Por un lado, detectaron a progenitores con un poder adquisitivo medio-alto que abandonaron a los menores en España y regresaron a su país, aunque realizaban visitas programadas a los centros donde éstos ingresaban. Y, por otro, investigaron a familias con menos recursos económicos que permanecían en España y mantenían contacto telefónico con sus hijos, pero sin hacerse cargo de ellos.

Hasta la fecha, y sólo en la operación desarrollada en Tarragona, la Policía Nacional ha detectado 124 expedientes de menores en centros de protección de esta provincia catalana que podrían estar relacionados con este tipo de fraude. De estos, 109 ya han sido revisados y se han elaborado 28 atestados.

SUR