El juez Manuel Marchena saludando a Grande-Marlaska y el socialista Juan Carlos Campo

Las cloacas del PSOE confeccionaron dosieres con supuesta información comprometedora sobre el magistrado Manuel Marchena, que forma parte de la Sala del Tribunal Supremo que juzga al Fiscal General del Estado.El juez es uno de los siete miembros del tribunal que juzga estos días al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

La célula de Ferraz, según publica El Confidencial, entregó a la dirección del PSOE varios archivos con material sobre Marchena, documentos que fueron recopilados durante meses por la fontanera de Santos Cerdán, exdirectiva de Correos Leire Díez Castro, investigada ahora en este caso de las cloacas.

Ábalos y Koldo García piden ser acusación en la causa contra Leire Díez

Por otra parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han solicitado personarse como acusación particular en la causa judicial en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por supuestas maniobras contra la Fiscalía, la UCO de la Guardia Civil y algún juez.

Los abogados de ambos -investigados a su vez en el Tribunal Supremo por supuestas comisiones en adjudicaciones públicas- han presentado sendos escritos en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid que investiga a Leire Díez por presunto tráfico de influencias y cohecho, informan fuentes jurídicas.

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El letrado de Ábalos, Carlos Bautista, justifica su petición en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que alude a reuniones “al parecer” mantenidas por la exmilitante socialista en las que “habría reconocido tener bajo su control o asesoramiento la defensa” de varias personas, entre ellas el exministro, “con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio” del PSOE.

Según el escrito, en el que menciona que Ábalos ha sabido de esas supuestas reuniones por los medios de comunicación, en dichas conversaciones Leire Díez “habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela” con la que “modificar la línea de defensa” del exministro, para “llegar a un pacto de no agresión” con el PSOE.

También habría afirmado tener información reservada de la Guardia Civil y de la Fiscalía y capacidad de influir en investigaciones policiales relacionadas con el caso Koldo o causas sobre presuntos fraude de hidrocarburos, y habría manifestado “su intención de reconducir la situación” de Ábalos “y evitar perjuicios al Gobierno”.

La defensa de Ábalos destaca “la gravedad de estas manifestaciones”, que desprenden “la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales” y afecta al derecho de defensa del exministro.

Ábalos y su exasesor quieren sumarse a la lista de acusaciones personadas en la causa contra Leire Díez, en la que ya están el presunto comisionista Víctor de Aldama -investigado como ellos en el Tribunal Supremo- y el magistrado jubilado Manuel García-Castellón, a quienes el juez del caso considera víctimas o perjudicados por “la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos” con el presunto objetivo de desacreditarles.

También hay varias acusaciones populares como Hazte Oír, el autodenominado sindicato Manos Limpias, los partidos Iustitia Europa, Vox y PP, y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC).

La exmilitante socialista y exconcejal del municipio cántabro de Vega de Pas está citada junto a otros dos investigados -el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol- el próximo 17 de noviembre ante el juez.