Durante los últimos años, diversos informes económicos han analizado el impacto de las continuas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sobre el mercado laboral español. Desde organismos públicos hasta think tanks independientes, los estudios coinciden en advertir de los efectos colaterales que puede tener una política salarial desconectada de la productividad o de las condiciones reales de las empresas. El último informe del Instituto Juan de Mariana vuelve a situar el debate en el centro de la actualidad. Según sus datos, la distancia entre el SMI y el salario más común en España se ha desplomado de forma alarmante. En 2018, el sueldo más habitual rondaba los 18.000 euros brutos anuales, mientras que en 2023 cayó por debajo de los 14.000. Esto significa que el salario más frecuente apenas supera en un 3% el salario mínimo, una diferencia mínima que evidencia la fuerte compresión salarial que vive el país.

Si se observa el salario modal -el que percibe el mayor número de trabajadores-, la brecha se ha reducido de 8.000 euros hace cinco años a solo 400 en la actualidad. Este fenómeno, según el informe, refleja un empobrecimiento generalizado: mientras el SMI sube a gran velocidad, los sueldos medios y medianos apenas crecen o incluso retroceden. El objetivo político de estas subidas ha sido acercar el salario mínimo al 60% del sueldo más frecuente, un umbral que ya se ha superado en 42 provincias españolas. En una treintena, incluso, el SMI equivale a más del 70% del salario más habitual. Para los autores del estudio, esta situación distorsiona el mercado laboral y genera efectos adversos, especialmente sobre los colectivos más vulnerables: jóvenes, empleadas del hogar o trabajadores del campo, que son precisamente quienes más dificultades encuentran ahora para acceder o mantener un empleo formal.

Los analistas insisten en que elevar el SMI sin atender a la productividad, la competitividad o la estructura económica de cada territorio puede provocar un aumento del desempleo y de la economía sumergida. Por ello, advierten a la vicepresidenta y ministra de Trabajo de que una nueva subida del salario mínimo no debería responder a motivos políticos o de oportunidad, sino a un análisis riguroso de sus consecuencias. Su relato sobre la mejora del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables ha sido superado por la realidad: el aumento del SMI, lejos de enriquecer, está achicando la diferencia entre trabajar y cobrar el mínimo.