En una sociedad que presume de pluralismo y libertad de expresión, resulta preocupante comprobar hasta qué punto se tolera solo aquello que encaja en el discurso dominante. Cada día se habla más de diversidad, pero se practica menos. La pluralidad ideológica, uno de los pilares de cualquier democracia madura, parece haberse convertido en un privilegio reservado para quienes piensan dentro de los límites marcados por el consenso oficial.

En este contexto, la figura de Silvia Orriols se ha convertido en un símbolo incómodo. No tanto por lo que dice —con lo que cada ciudadano puede o no estar de acuerdo—, sino por el trato que recibe cada vez que ejerce su derecho a expresarse. La alcaldesa de Ripoll ha sido objeto de una persecución mediática y política que va mucho más allá de la crítica legítima. Se la ha caricaturizado, descontextualizado y demonizado con una insistencia que revela algo más profundo: el miedo al pensamiento libre.

El debate público debería basarse en ideas, no en linchamientos. Sin embargo, la tendencia a etiquetar y censurar a quien se aparta del discurso hegemónico se ha vuelto la norma. Se invoca la tolerancia para justificar la intolerancia, y se combate el “odio” con más odio. Esa doble moral no solo empobrece el debate, sino que erosiona el fundamento mismo de la democracia: la posibilidad de discrepar sin ser silenciado.

Defender a Orriols —más allá de las simpatías o discrepancias ideológicas— es defender el principio de que todas las voces tienen derecho a ser escuchadas, incluso las que resultan incómodas. La democracia no consiste en aplaudir solo a quienes piensan como nosotros, sino en garantizar que también puedan hablar quienes no lo hacen.

La pluralidad política no puede ser una pose. Si de verdad aspiramos a una sociedad libre, debemos asumir que la libertad de expresión implica proteger incluso aquello que nos incomoda. La censura disfrazada de corrección política es una forma sutil de autoritarismo. Y cuando se señala, se margina o se criminaliza a quien disiente, se envía un mensaje peligroso: que la discrepancia tiene un precio.

Silvia Orriols no es un problema para la democracia. El problema es una cultura política que prefiere silenciar antes que debatir. Hoy es ella quien sufre el linchamiento mediático; mañana puede ser cualquier otra voz que se atreva a cuestionar el dogma. Defender su derecho a expresarse no es una cuestión de afinidad ideológica, sino de coherencia democrática.

Porque si solo es libre quien repite el discurso correcto, entonces la libertad deja de tener sentido.