Solicitan al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige el juez Juan Carlos Peinado, que aclare si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, habría obtenido la nacionalidad de República Dominicana, tal como afirmó recientemente el empresario Víctor de Aldama durante una entrevista televisiva.

La petición, presentada esta semana en los Juzgados de Plaza de Castilla,, insta a que se practiquen las diligencias necesarias para comprobar la autenticidad de esa supuesta doble nacionalidad. En concreto, se solicita que la Policía Nacional o la Embajada de República Dominicana en España certifiquen si la información divulgada por Aldama tiene fundamento o no.

Las declaraciones del empresario —investigado en la trama Koldo— fueron las que desataron el nuevo movimiento judicial. En su intervención en Telemadrid, Aldama aseguró que «le consta de fuentes fiables» que Gómez habría tramitado y recibido la nacionalidad dominicana. En esa misma entrevista, acusó a la esposa del presidente de «aprovechar su posición» para obtener beneficios profesionales y de haber presionado a los responsables de Air Europa para que patrocinaran su cátedra universitaria, advirtiéndoles de que el rescate estatal a la aerolínea dependería de ello. Según el empresario, «Javier Hidalgo estaba harto de tanta presión; le daba a entender que sin el patrocinio no habría ayuda pública».

El escrito presentado en el juzgado justifica la petición al considerar que, de confirmarse la existencia de un segundo pasaporte, podría existir riesgo de fuga. De ahí que se pida verificar de manera inmediata la veracidad de los datos revelados por Aldama.

No es la primera vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de que Gómez intente eludir sus comparecencias judiciales. En 2023, las acusaciones populares ya solicitaron que se le retirara el pasaporte después de que alegara coincidir una citación con un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20. En aquella ocasión, el magistrado recibió documentación de Moncloa que incluía una invitación de la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, y una carta firmada por Gómez en la que expresaba su intención de participar en los actos oficiales del encuentro.

Las acusaciones consideraron entonces que su actitud representaba una falta de respeto hacia el poder judicial, al interpretar que no pedía autorización sino que simplemente comunicaba su ausencia. «Se da por hecho un trato de privilegio impropio en un Estado de derecho», advertían entonces.

El supuesto vínculo con República Dominicana, ahora bajo la lupa del juzgado, ha reavivado las sospechas sobre su patrimonio y sus conexiones con los negocios investigados en las causas conocidas como caso Koldo y caso Begoña. Según las afirmaciones de Aldama, parte del dinero de la trama se habría movido a través del extranjero utilizando ese país caribeño como punto de tránsito. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha documentado que Joseba García, hermano de Koldo, viajaba con frecuencia a la zona para recoger fondos en metálico.

En paralelo, el juez Peinado ha solicitado tanto a Gómez como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, que entreguen sus pasaportes con el fin de determinar las fechas y circunstancias de los viajes al extranjero realizados por ambas. También ha requerido a Presidencia del Gobierno que remita sus agendas oficiales para que la UCO pueda analizar si los desplazamientos y reuniones respondían a motivos institucionales o personales.

La nueva solicitud judicial coincide con un momento de especial actividad en la instrucción. En las últimas semanas, Peinado ha ampliado las pesquisas al imputar a la secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González, por presunta malversación de fondos públicos, y ha citado a declarar a varios empresarios relacionados con las investigaciones, entre ellos Juan Carlos Barrabés y Miguel Escassi, de Google.