El socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias.

Asturias, gobernada por el PSOE desde hace años, lleva demasiado tiempo atrapada en una telaraña de poder donde la corrupción no siempre se mide en sobres ni maletines, sino en favores, silencios y redes de dependencia política. La región, que presume de estabilidad institucional, sufre desde hace décadas un mal mucho más corrosivo: la opacidad, el clientelismo y el uso partidista de los recursos públicos.

La corrupción asturiana rara vez estalla en escándalos mediáticos; no necesita hacerlo. Es una corrupción de baja intensidad, institucionalizada, asumida como parte del paisaje político. Se disfraza de burocracia, de “normalidad administrativa”, de esa frase tan repetida: “aquí siempre se hizo así”. Y ese “así” significa que los puestos se reparten por afinidad política, que las ayudas públicas se orientan a quien conviene y que el poder se perpetúa porque se controla la información, los contratos y hasta las esperanzas de quienes dependen del sistema.

El clientelismo se ha convertido en la auténtica arquitectura del poder en el Principado. Miles de empleos públicos o semipúblicos se reparten con un patrón invisible pero constante: la lealtad política como requisito previo. No importa tanto el mérito como la cercanía al partido socialista o la obediencia a quien manda. Esa red de favores garantiza votos, silencio y estabilidad, pero mata la innovación, el talento y la independencia. Asturias no se estanca por falta de recursos, sino por exceso de complacencia y miedo.

A esto se suma una cultura de opacidad sistemática. Los contratos públicos se esconden tras un laberinto de empresas públicas, fundaciones y consorcios donde la fiscalización real es casi inexistente. Los medios de comunicación locales, dependientes en gran medida de la publicidad institucional, apenas rozan la superficie. El ciudadano asturiano intuye que algo no funciona, pero el sistema está diseñado para que no pueda comprobarlo.

El enchufismo es otro de los males endémicos. Desde la universidad hasta las empresas públicas, los puestos se reparten como recompensa a la fidelidad al partido. Las nuevas generaciones ven que el mérito no basta, que los concursos se convocan “a medida” y que quien no tiene padrino no llega lejos. Esa frustración, extendida y silenciosa, erosiona la confianza en la administración y expulsa talento hacia fuera, perpetuando el declive demográfico y económico.

Y mientras tanto, el uso partidista de los recursos públicos continúa siendo la norma. Subvenciones, contratos, nombramientos… todo pasa por el filtro del interés político. El dinero público se convierte en herramienta electoral, no en motor de desarrollo. Asturias ha confundido la gestión pública con la gestión del poder.

El resultado es una región que envejece no solo en cifras, sino en espíritu. Una Asturias resignada, donde muchos saben lo que ocurre, pero pocos se atreven a decirlo. La corrupción estructural no necesita escándalos: le basta con el silencio. Y ese silencio se ha convertido en su mayor cómplice.

Asturias merece una regeneración profunda. No basta con cambiar nombres o siglas. Hace falta romper la red de favores, abrir las ventanas del poder, auditar las instituciones y devolver la política a su verdadero sentido: el servicio público, no la autoprotección de una élite instalada.

Hasta que eso ocurra, la región seguirá siendo ejemplo de cómo la corrupción puede ser invisible… pero letal.