AD.- Resulta un hecho sin precedentes en nuestra reciente historia judicial que no haya sido decretada ninguna medida cautelar relevante contra el jefe de un clan familiar calificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) como un “grupo organizado” dedicado a la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Nadie es capaz de explicar en los ambientes jurídicos por qué el matrimonio formado por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola Llados, investigados en diferentes causas abiertas, no sólo no han sido detenidos ni enviados a prisión preventiva, sino que continúan dedicados a sus actividades presuntamente delictivas.

Lo inexplicable es que siendo tantas las evidencias de irregularidades, los jueces de la Audiencia Nacional hayan sido incomprensiblemente prudentes a la hora de decretar medidas preventivas contra Pujol. Resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso.resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso. Ante una falta de explicación racional a lo extraordinario de esta situación, sólo nos cabe inferir que está surtiendo efecto el chantaje que Jordi Pujol lanzó el día de su comparecencia el en el Parlament del 26 de septiembre de 2014. Entonces, el ex presidente de la Generalitat amenazó con tirar de la manta con unas palabras que dejan poco lugar a dudas: “Si vas segando la rama de un árbol, al final cae la rama… caerán todas”. En cualquier caso, resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso.

Pujol dispuso de un servicio de inteligencia conocido como los “Pata Negra” formado por ex agentes del entonces CESID que elaboraron informes durante años sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. La filtración de los dosieres haría tambalear lo que queda del Estado.

El Gobierno de Felipe González ya ordenó a los fiscales que dejaran en paz al molt honorable y maniobró para que se enterrara el caso Banca Catalana:

Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. Y a cada uno de ellos les hizo una oferta que no pudieron rechazar.

No una oferta genérica, sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: ‘Presidente, ganaréis por 33 a 8’, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente”.

Se investigó las debilidades de los magistrados

Por supuesto que para llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno de los magistrados.

A partir de esa experiencia y para extender el control a jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras personalidades, desde la Generalidad Pujol montó un servicio secreto de agentes conocidos como los

Algunos de ellos eran agentes de la “antena” (oficina) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en Barcelona, que en su momento fueron utilizados por el ministro de Defensa Eduardo Serra para investigar las andanzas de Javier de la Rosa, entre otras misiones impropias.

Parte de los agentes pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la “antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996 tras ganarle las elecciones a Felipe González, pero sin mayoría absoluta.

La sociedad española ha comprobado cómo el escándalo Pujol ha sido tratado con algodones por jueces, fiscales y el propio Gobierno que no se atreve a que el ex-molt honorable pase la pena del telediario.

Orden de no detener a Pujol

En el despliegue policial del 26 de abril de 2017, los doscientos agentes que intervinieron en los registros de las viviendas y oficinas del Clan Pujol en Barcelona debían tener sumo cuidado. Habían recibido órdenes taxativas de no realizar ninguna detención, fueran cuales fueran los resultados de los registros.

Incluso cuando acudieron al domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola donde se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica en el hombro el hijo mayor, las indicaciones eran muy precisas: sólo debían acceder a la habitación de Jordi junior. No podían buscar pruebas en otras dependencias de la vivienda.

La explicación es sencilla: el Gobierno tenía miedo de enfadar a Jordi Pujol y que empezase a tirar de los dossiers elaborados por los “Pata Negra” y salieran a relucir decenas y decenas de escándalos, muchos de infarto y que haríam tambalear a algunas de la corrompidas instituciones del Estado.