María Teresa Verdugo

AD.- Los servicios jurídicos de Alerta Digital presentarán una querella criminal por presunta prevaricación, contra la ex fiscal María Teresa Verdugo, hoy alto cargo político del Gobierno de Sánchez, al disponer de pruebas, en concreto de varios Whatsapps enviados y recibidos por ella en el año 2019, 2020 y 2021, en los que presuntamente actuó mal a sabiendas de que así lo hacía, en la acusación de delito de odio que ejerció contra el director de este medio Armando Robles. Obviamente es inocente, completamente inocente, mientras un tribunal no diga lo contrario y el respeto a la presunción de inocencia es sagrada, pero las pruebas obtenidas por periodistas de este diario, pudieran constituir presuntamente un delito que los tribunales habrán de juzgar.

Cuando se hace política con la toga y se dejan enemigos en el camino, las pruebas aparecen. La ex fiscal ha dejado amigos y enemigos en ese camino hacia los alrededores de La Moncloa y, alguno de ellos, ha llamado a la puerta de este diario digital ofreciendo un “regalo” que bien pudiera acreditar el actuar delictivo de María Teresa Verdugo. Insistimos y no hacemos como ella, es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero tendrá que someterse a la balanza de la Justicia, por si su cometido como Fiscal pudiera ser constitutiva de un grave delito.

La prevaricación administrativa de un operador jurídico, constituye uno de los delitos más graves que puede cometer un fiscal en el ejercicio de sus funciones. Es muy grave que una fiscal en España, presuntamente, incumpla deliberadamente sus obligaciones profesionales por obediencia a directrices políticas y actúe con mala fe.

Según el artículo 404 del Código Penal español, incurre en prevaricación administrativa el funcionario público que, “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria”. El bien jurídico protegido es la recta administración pública, entendida como servicio objetivo a los intereses generales y sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), junto la ex fiscal de odio de Málaga y en la actualidad alto cargo en su ministerio, María Teresa Verdugo.

Los elementos de este tipo delictivo son los siguientes: ha de tratarse de un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Debe dictar una resolución arbitraria, con pleno conocimiento de la injusticia del acto y voluntad deliberada de adoptarlo, lo que los abogados llaman el dolo directo. Y, el resultado de tal actividad, debe implicar una vulneración de los principios de legalidad, objetividad y neutralidad que informan la actuación de toda autoridad pública.

El Ministerio Fiscal, conforme al artículo 124 de la Constitución Española y la Ley 50/1981, ejerce un papel fundamental en la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Aunque goza de autonomía funcional, está sujeto a los principios de legalidad, imparcialidad e independencia.

Los fiscales, como funcionarios públicos y operadores jurídicos, pueden incurrir en responsabilidad penal por prevaricación administrativa, si dictan resoluciones o dictan informes injustos y arbitrarios, conscientes de su injusticia y motivados por razones ajenas a la legalidad, como por ejemplo obedecer directrices políticas ilegítimas.

Imaginemos un caso en el que una fiscal, presionada por superiores jerárquicos o por intereses políticos, decide orientar un escrito de acusación contradictorio a la realidad del caso y a las pruebas obrantes, a pesar de saber que la actuación es injusta. En este caso, lejos de actuar como garante de la legalidad, utilizaría su función para satisfacer intereses políticos.

En este supuesto, la supuesta fiscal estaría vulnerando sus obligaciones legales (Ley del Ministerio Fiscal y el Código Ético del Ministerio Fiscal), incurriendo en prevaricación administrativa y, si esa actuación cristaliza en un acto arbitrario y consciente, estaría cometiendo un grave delito con pena de cárcel.

El Tribunal Supremo ha reiterado que la prevaricación exige una clara conciencia de la ilegalidad y arbitrariedad del acto. El acto ha de suponer una desviación de poder grave, no bastando el error de interpretación o las decisiones discutibles jurídicamente, sino actuaciones infundadas y groseramente contrarias al Derecho.

El Tribunal Supremo en su Sentencia 363/2021, de 28 de abril, es clara: “la prevaricación administrativa solo se da cuando la resolución dictada es no ya simplemente ilegal, sino además arbitraria, esto es, dictada con total prescindencia del Derecho, obedeciendo a razones espurias o inconfesables.”

La actuación de un fiscal obedeciendo órdenes políticas, y no la ley, supone una grave quiebra del Estado de Derecho y de la confianza ciudadana en las instituciones. La independencia de los operadores jurídicos, especialmente de los fiscales y los jueces, es indispensable para garantizar procesos justos, persecución imparcial del delito y protección efectiva de los derechos fundamentales.

Cuando la prevaricación se produce en el ámbito del Ministerio Fiscal, el daño institucional es especialmente profundo, por su posición de garante de la legalidad.

Así las cosas la prevaricación administrativa por parte de un fiscal constituye una traición a su función como servidor público y garante del Estado de Derecho. La sumisión a directrices políticas en contra de las obligaciones profesionales no solo acarrea responsabilidad penal y disciplinaria, sino que deteriora la legitimidad de la función pública y mina la confianza social en la justicia. Sólo la estricta observancia de los principios de legalidad, imparcialidad e independencia preserva la integridad del servicio público y la calidad democrática.