Carlos Aramburu Bayona.- La reciente absolución de los sacerdotes Custodio Ballester y Jesús Calvo, y del periodista Armando Robles por parte de la Audiencia Provincial de Málaga ha generado un terremoto jurídico y político en el seno de la Fiscalía de Odio de Madrid, encabezada por el fiscal coordinador Miguel Ángel Aguilar y sus adjuntos, Jesús Raimundo y Elena Pertusa. El fallo, que desestima la acusación de incitación al odio por unas declaraciones críticas hacia el islam radical, ha sido recibido con visible incomodidad por los responsables de esta unidad, que ven cómo se desmorona uno de sus casos emblemáticos.

Un revés estratégico para la Fiscalía

La Fiscalía de Odio había solicitado tres años de prisión para Ballester, así como tres y cuatro años de cárcel respectivamente contra otros acusados como el sacerdote Jesús Calvo y el periodista Armando Robles. El tribunal, sin embargo, concluyó que las expresiones del P. Custodio, aunque tal vez “desafortunadas” u “ofensivas”, no alcanzan la relevancia penal exigida para el delito de odio. Esta sentencia no solo desactiva el proceso, sino que pone en entredicho la doctrina expansiva que Aguilar y su equipo han promovido en los últimos años.

Crisis doctrinal y jurídica

Fuentes cercanas al entorno judicial señalan que la resolución ha generado “indignación interna” en la Fiscalía, que ya prepara un recurso ante instancias superiores. El propio P. Custodio ha declarado que “los jefes de la fiscalía del odio no toleran la derrota” y que “seguirán intentando silenciar la libertad de expresión y de opinión”. La sentencia, al reconocer el derecho a expresar opiniones religiosas y políticas sin criminalización, debilita el marco interpretativo que Aguilar ha utilizado para perseguir discursos disidentes.

Impacto en la estructura interna

La derrota judicial ha provocado tensiones dentro del equipo fiscal. Según fuentes no oficiales, tanto Jesús Raimundo como Elena Pertusa han manifestado preocupación por la exposición mediática del caso y por el desgaste institucional que supone perder un proceso de alto perfil. La absolución del P. Custodio y de los otros acusados se ha convertido en un precedente incómodo que podría ser invocado en futuras defensas contra acusaciones similares.

¿Fin de la hegemonía ideológica?

La Fiscalía de Odio, creada para combatir delitos de discriminación y violencia ideológica, ha sido acusada en múltiples ocasiones de aplicar criterios asimétricos: permisiva con las ofensas contra el cristianismo, implacable con las críticas al islam y otros colectivos considerados “vulnerables”. La sentencia de Málaga pone en evidencia esta doble vara de medir y podría abrir la puerta a una revisión legislativa de la ley de delitos de odio, que muchos juristas consideran “instrumento de censura”.

Repercusiones internacionales

La cobertura del caso por medios como el New York Post y Fox News Digital ha internacionalizado el debate. La figura del P. Custodio y de su lucha por la libertad de expresarse emerge como símbolo de resistencia frente a la censura ideológica, y su absolución como victoria de la libertad religiosa en Europa. Esto coloca a la Fiscalía de Odio en una posición incómoda ante la opinión pública global, que observa con creciente inquietud el uso ideológico del derecho penal en España.

La absolución del P. Custodio Ballester y de sus compañeros no es solo una victoria personal, sino un golpe estructural al aparato ideológico de la Fiscalía de Odio. Miguel Ángel Aguilar, Jesús Raimundo y Elena Pertusa enfrentan ahora una crisis de legitimidad que podría marcar un antes y un después en la aplicación de la ley de odio en España.