El presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Pablo Hertfelder García-Conde.- Convertir el aborto en un derecho constitucional no solo constituye una aberración jurídica, sino una profunda degradación moral y social. La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de blindar el aborto en la Carta Magna pretende consagrar como “derecho fundamental” lo que en realidad es la eliminación deliberada de una vida humana en su fase más indefensa. Es, en términos éticos, el mayor fracaso de una sociedad que ha dejado de reconocer el valor sagrado e inviolable de la vida.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el aborto nunca puede ser un derecho, porque entra en colisión con el primero y más esencial de todos: el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución Española. Este precepto no admite interpretaciones relativistas: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. La vida no es un bien disponible, ni una concesión del Estado. Es un derecho inherente a la dignidad humana. Cualquier intento de colocar el aborto en el mismo rango jurídico supone despojar a ese artículo de su contenido y convertir nuestra Constitución en un texto contradictorio consigo mismo.

En segundo lugar, desde el punto de vista político y democrático, constitucionalizar el aborto significa privar a las generaciones futuras de la posibilidad de un debate libre y abierto sobre la defensa de la vida. Blindar el aborto en la Constitución es cerrar el diálogo, imponer una ideología y reducir la ley fundamental a un manifiesto partidista. La Constitución no debe servir a intereses ideológicos, sino al bien común y a la protección de los derechos fundamentales de todos, incluidos los que aún no han nacido.

Moralmente, además, esta propuesta es el reflejo de un Estado que abandona a las mujeres en su sufrimiento. Porque la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen por miedo, presión o falta de alternativas. Hacer del aborto un derecho es institucionalizar el abandono: en lugar de ofrecer acompañamiento, ayudas, apoyo psicológico, y políticas reales de conciliación y maternidad, el Estado opta por ofrecer la muerte como única salida.

España necesita una Constitución que proteja la vida, no que la condene. Que promueva una cultura del cuidado, del acompañamiento y del amor. En lugar de blindar el aborto, el Gobierno debería blindar la maternidad, las ayudas a las familias y la protección de los más vulnerables. Convertir el aborto en un derecho constitucional no solo hiere nuestra conciencia colectiva: rompe el principio más básico de justicia, que es proteger al inocente frente al más fuerte.

Desde el Instituto de Política Social (IPSE), denunciamos esta deriva ideológica que busca reescribir los fundamentos éticos de nuestra convivencia. No hay progreso en una sociedad que se acostumbra a eliminar a sus hijos. No hay justicia en un Estado que protege la libertad de unos a costa de la vida de otros. Y no hay Constitución legítima si se olvida que toda libertad se sostiene, antes que nada, en el respeto a la vida humana.

Blindar el aborto no es defender derechos. Es blindar la muerte, institucionalizar la violencia y decretar la desaparición del más débil con sello de legalidad. Es el Estado poniéndose del lado del verdugo y no de la víctima. Es la política renunciando a su misión más noble: proteger al ser humano en todas sus etapas.

Si el aborto se convierte en derecho constitucional, España dejará de ser una nación que defiende la vida para convertirse en una que la desprecia. Y ante eso, el silencio es complicidad.

*Pablo Hertfelder García-Conde es presidente del Instituto de Política Social