Trump desmonta el relato progre: la deportación de inmigrantes ilegales que ejercían como camioneros hace que suba el salario de los nacionales
Donald Trump acaba con otra de las mentiras más repetidas por el bipartidismo en Europa: la necesidad de traer inmigrantes para aumentar los salarios. En Estados Unidos, la política de su administración dirigida a endurecer los controles sobre los camioneros extranjeros está generando el efecto contrario al que suelen vaticinar los defensores de la inmigración masiva: los sueldos suben y las condiciones laborales mejoran.
La industria del transporte por carretera, una de las más grandes del país, ha notado un repunte inmediato en las tarifas tras la aplicación de nuevas normativas del Departamento de Transporte (DOT). Conductores como Ilya Denisenko, propietario de la empresa ICV Express, aseguran que las tarifas por carga han aumentado hasta un 90% en algunos casos. «Hace unos días logré cerrar un envío por 1.900 dólares cuando lo ofertaban por 1.000», relató al medio estadounidense Daily Caller News Foundation. «El precio normal solía rondar los 1.500 o 1.600 dólares».
La ofensiva de la administración Trump se centra en frenar el acceso de inmigrantes ilegales a las licencias de conducción comercial (CDL), tras varios accidentes mortales protagonizados por conductores sin papeles ni dominio del inglés. En uno de los casos más graves, un camionero indio causó la muerte de tres personas en Florida al realizar una maniobra ilegal. En otro, en California, una niña de cinco años quedó gravemente herida por otro conductor extranjero en situación irregular.
Ambos sucesos llevaron al secretario de Transporte, Sean Duffy, a ordenar una investigación nacional sobre cómo algunos estados estaban otorgando licencias de manera fraudulenta a no residentes. California fue señalada como el ejemplo más problemático, al emitir permisos a miles de conductores sin verificar su estatus migratorio. El DOT dio al estado plazo hasta finales de octubre para identificar y suspender todas las licencias no conformes, bajo amenaza de perder 160 millones de dólares en fondos federales.
La nueva normativa exige que quienes no sean ciudadanos estadounidenses y quieran conducir vehículos comerciales se sometan a una verificación federal de su estatus migratorio y presenten una visa laboral válida. Además, se restablecen los requisitos de competencia en inglés, eliminados en 2016 por la administración Obama, lo que según los camioneros estadounidenses había permitido la entrada de miles de conductores sin cualificación suficiente.
Las redadas contra transportistas ilegales también se han intensificado. En un operativo conjunto entre el ICE y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, las autoridades arrestaron a más de un centenar de inmigrantes indocumentados que conducían camiones de gran tonelaje. Entre ellos figuraba un conductor con licencia emitida en Nueva York, un estado conocido por sus políticas de «santuario» y su resistencia a cooperar con el Gobierno federal.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, denunció que algunos gobiernos estatales ni siquiera verifican la identidad real de los solicitantes de licencias. «Estamos trabajando para retirar de las carreteras a los conductores que no deberían estar detrás del volante», subrayó. En respuesta, el DOT anunció la retención de más de 40 millones de dólares en fondos federales a California por no cumplir con los estándares lingüísticos exigidos.
La Asociación Americana de Camioneros calcula que en el país hay unos 3,5 millones de conductores con licencia comercial, de los cuales cerca de 200.000 poseen permisos “no domiciliados”, otorgados a extranjeros o personas sin residencia legal. Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, los expertos advierten que su presencia se concentra en mercados clave como Nueva York, Illinois o California, donde los salarios habían permanecido estancados durante años por la competencia de mano de obra barata.
Los defensores del sector celebran el cambio de rumbo. Shannon Everett, portavoz de American Truckers United, aseguró que las nuevas políticas ya se traducen en un «incremento notable» de los ingresos en los estados donde más se había abusado de conductores irregulares. «Por fin vemos que los camioneros estadounidenses pueden competir en igualdad de condiciones», afirmó.
