Mujeres y una niña con hiyab en Ceuta

El Parlamento de Portugal dio este viernes el primer paso para prohibir taparse el rostro en lugares públicos, una propuesta presentada por el partido Chega contra el burka, que ahora pasa a una comisión legislativa antes de volver al pleno para la votación final.

El proyecto de ley fue aprobado en un primer voto en la cámara con el apoyo de los dos socios en el Gobierno, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el democristiano CDS-PP, además de Iniciativa Liberal (IL) y Chega.

En su texto, Chega aboga por vetar el uso de «ropas destinadas a ocultar u obstaculizar la exhibición del rostro» en espacios públicos, además de prohibir «forzar a alguien a ocultar su cara por motivos de género o religión» y propone sanciones de 200 a 4.000 euros.

El borrador contempla excepciones cuando taparse la cara en lugares públicos «está justificado» por razones de seguridad, salud, profesionales, artísticas o de entretenimiento, entre otras, así como en aviones, sitios de culto y embajadas.

Así, Portugal se suma ahora a varios países europeos que han adoptado leyes que restringen o prohíben el uso del burka y del niqab en espacios públicos. Francia fue pionera en 2010, al aprobar una norma que veta cualquier prenda que impida la identificación facial en la vía pública, en nombre de la laicidad y la seguridad ciudadana. Bélgica siguió su ejemplo en 2011 con una legislación similar, y otros países como Austria (2017) y Dinamarca (2018) establecieron medidas casi idénticas, imponiendo multas a quienes incumplan la normativa.

La tendencia también se extendió a los Países Bajos, donde desde 2019 no se permite llevar velo integral en instituciones públicas, hospitales o transporte, aunque sí en la calle. Suiza aprobó en 2021, mediante referéndum, la prohibición de cubrirse el rostro en espacios públicos a nivel nacional, sumándose a varios cantones que ya lo habían hecho. Bulgaria impuso su propia prohibición en 2016, justificándola por razones de seguridad y cohesión social, mientras que Noruega optó por una restricción parcial limitada a escuelas y universidades.

Italia, por su parte, no cuenta con una ley nacional que prohíba el burka, pero algunas regiones y municipios han aplicado ordenanzas locales. En todos estos casos, las autoridades han justificado las medidas con argumentos que van desde la seguridad y la neutralidad religiosa hasta la integración social. Las prohibiciones afectan principalmente al burka y al niqab, pero no al hijab, que deja el rostro visible y, por tanto, no está sujeto a las mismas restricciones.

Cesiones a la Comisión Islámica

En medio de esta tendencia europea de prohibición del burka, España ha tomado una orientación completamente opuesta. En enero de este 2025, la Comisión Islámica de España publicó un informe sobre la situación del ciudadano musulmán en España, en el que solicitó, además de la contratación de más profesores de religión islámica, permitir en las escuelas públicas y privadas «prendas para la cobertura del cabello, ya sean fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos de salud, siempre y cuando no impida o dificulte la identificación de la persona».

Asimismo, esta organización pidió la implantación del menú halal en los centros educativos para todos aquellos alumnos musulmanes que deseen acogerse a él: «El servicio de comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan respetar la alimentación de su respectiva confesión», reza el documento de la Comisión Islámica.

Tras estas exigencias por parte de la citada entidad islámica al Gobierno central que lidera Pedro Sánchez, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto en abril de este mismo año en el que se incluye la obligación de que los centros educativos dispongan de «menús especiales para el alumnado que lo requiera, por motivos éticos o religiosos», lo que supone una modificación de la anterior norma del año 2011 donde no se especificaba esta cuestión.

1,7 millones en subvenciones

Además, según ha podido comprobar este medio en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSA), organismo dependiente de la Vicepresidencia primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, esta entidad islámica que pretende colar las tradiciones musulmanas en los centros escolares españoles comenzó a recibir dinero de las arcas públicas en el año 2021, con Sánchez ya en el poder, y a través de una orden directa del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, desde ese año la Comisión Islámica suma más de 1,7 millones de euros en subvenciones sin contraprestación. El 4 de junio de 2021 esta entidad recibió su primera partida por valor de 21.000 euros, a través de una concesión directa personalizada ordenada directamente por el ministro del Interior para «el ejercicio presupuestario 2021».