España ha exigido registros de los médicos que se niegan a realizar abortos, lo que llevó a los profesionales pro vida a denunciar la medida como un intento de crear una «lista negra».

El presidente Pedro Sánchez escribió recientemente a los presidentes regionales de las zonas gobernadas por conservadores «instándolos a poner en marcha un registro de objetores de conciencia al aborto», informó OSV News .

La iniciativa surge tras una normativa que obliga a todos los hospitales públicos españoles a realizar abortos y busca facilitar el acceso al aborto en zonas donde es difícil encontrar médicos dispuestos a realizar el procedimiento que mata al bebé.

Por ejemplo, en La Rioja, gobernada durante mucho tiempo por conservadores, la mayoría de los médicos de los hospitales públicos se han negado a practicar abortos debido a la objeción de conciencia. «El problema que teníamos era que antes todo el personal sanitario se oponía a los abortos, incluso en las clínicas privadas», declaró a Euronews en 2023 Izaskun Fernández Núñez, presidenta del grupo Mujeres Progresistas de La Rioja.

En Castilla y León, cinco de las nueve provincias «no habían notificado ningún aborto desde 2010» en el momento del informe de 2023.

«Las mujeres no pueden hacerlo en su provincia ni pagando, ni siendo privadas… ni siquiera existe esa opción», afirmó Nina Infante Castrillo, vicepresidenta del Foro Feminista de Castilla y León.

Estas dificultades han llevado a que el Gobierno exija que los objetores de conciencia se registren en todas las comunidades autónomas, con un plazo límite de tres meses.

Si no se elaboran listas de objetores de conciencia durante ese periodo, «se activarán los mecanismos legales adecuados para exigir su cumplimiento», amenazó Sánchez. «El respeto a la conciencia de los profesionales médicos nunca debe ser un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», argumentó.

Los defensores profesionales de la objeción de conciencia calificaron el mandato del registro de inconstitucional y de «lista negra».

«Diga lo que diga el primer ministro, el derecho a objetar es un derecho constitucional. ¿Quién puede obligar a ciudadanos particulares a inscribirse en un registro que ni siquiera el Tribunal Constitucional exige como condición? A partir de ahí, todo son artimañas», declaró José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia ( ANDOC ) , al medio católico Alpha y Omega .

«¿Por qué no crean una lista de médicos que desean practicar abortos y eutanasia, que sería la opción más práctica? Estos registros de objetores que quieren crear son listas negras para excluir profesionalmente a los médicos que desean ejercer su derecho a la objeción de conciencia», dijo Eva Martín, presidenta de ANDOC, citada por Alpha y Omega.

Según se informa, las tasas de aborto están aumentando nuevamente en España y se acercan a su máximo histórico en 2011. En 2023 se realizaron un total de 103.097 abortos, un aumento del 4,8 por ciento con respecto a 2022 y del 8,7 por ciento con respecto a 2014, según datos del Ministerio de Salud.

El aborto ha sido legal en España con diversas restricciones desde 1985, y la tasa de abortos aumentó más del doble, pasando de 54.000 en 1998 a 112.000 en 2007. En 2010, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero flexibilizó aún más las restricciones al aborto para permitir esta práctica letal hasta la semana 14 de embarazo, con prórrogas legales hasta las 22 semanas bajo las condiciones de supuesto riesgo para la salud de la madre o signos de «discapacidades graves» del feto.