El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición de las acusaciones populares lideradas por el PP de enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela “ingresos irregulares”, al coincidir con la Fiscalía en que lo pertinente es mantener las medidas cautelares que tiene vigentes, es decir, prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial.

Así lo ha acordado el magistrado tras la vistilla que se ha celebrado este miércoles para revisar las medidas cautelares de Ábalos, después de que el exministro se acogiera a su derecho a no declarar alegando que se siente indefenso tras las últimas discrepancias con su abogado, José Aníbal Álvarez, que le ha acompañado en este último trámite.

En las otras tres ocasiones, Ábalos optó por declarar y la intención de su hasta ahora abogado era que también lo hiciera este miércoles pero las diferencias entre ambos ya eran “irreconducibles”, según informó el exdirigente socialista al Supremo indicando que deseaba renunciar a su letrado, algo que Puente no le permitió al apreciar en ello un “fraude de ley” para eludir esta nueva cita.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en la breve intervención de Ábalos, ha querido señalar que “fraude de ley” sería que renunciase a su acta de diputado para que la causa quedase en manos del magistrado de la Audiencia Nacional que investiga otra de las derivadas del ‘caso Koldo’. En este punto, Puente le ha interrumpido para recordarle que “esto no es el Congreso” y que si decidía no declarar no era necesario que hiciese alegato alguno.

Tras ello, se ha celebrado la vista de medidas cautelares.

En ese momento, al igual que el pasado junio, cuando se celebró otra vista idéntica en la que solo las acusaciones populares reclamaron el ingreso en prisión del exministro, la Fiscalía ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes: la prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y firmas quincenales en sede judicial.

Las mismas fuentes han precisado que el Ministerio Público ha defendido que, aunque se han reforzado los indicios contra Ábalos, no han variado las circunstancias que determinarían su ingreso en prisión provisional.

En la misma línea, ha apuntado que sí aprecia riesgo de fuga pero no el suficiente como para enviarle a la cárcel por el arraigo que supone que sea diputado del Congreso.

La defensa de Ábalos también se ha opuesto a la petición de las acusaciones populares, alegando que se trata de una reclamación que a su juicio tiene una finalidad “política”.

Todas las acusaciones populares, a excepción de ADADE, han pedido al instructor que enviara a Ábalos a prisión provisional, pero a una cárcel que no sea Soto del Real, donde se encuentra recluido el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

No obstante, han señalado que, en caso de no acordarse el ingreso en prisión, se reclame una fianza de 650.000 euros al exministro socialista.

Era la cuarta vez que Ábalos comparecía en el Tribunal Supremo después de que le encausara hace casi un año.