Koldo García y José Luis Ábalos. Redes sociales

El magistrado Leopoldo Puente ha respondido a la Fiscalía Europea que no aprecia desvío de fondos comunitarios con las adjudicaciones bajo sospecha de la trama Koldo. De esta forma, el instructor responde al ente europeo que abrió la puerta a asumir parte de estas pesquisas al preguntar si algunos de los contratos se habían costeado con fondos comunitarios. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo frena cualquier intento del ente y apunta, además, a la existencia de dos presuntas organizaciones criminales dentro de esta misma trama.

“En cualquier caso, aunque alguna de aquellas obras pudiese haber comprometido fondos de la referida procedencia, es preciso significar, que el objeto de la presente causa especial se refiere a la eventual existencia de sendas organizaciones criminales (…) que tendrían por objeto, a través del posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquéllos, la adjudicación de determinadas obras públicas”, responde el magistrado en una providencia.

Así pues, Puente deja claro que el objeto de estas diligencias no reside en una posible malversación de fondos europeos, sino en la existencia de dos presuntas organizaciones criminales que habrían adjudicado de manera irregular contratos millonarios desde el Ministerio de Transportes que controló en el momento de los hechos José Luis Ábalos. La primera de dichas tramas es de mayor envergadura económica y la integrarían Santos Cerdán y Koldo García, además de los empresarios Fernando Agustín (exdirectivo de Acciona) y Joseba Antxon Alonso (dueño de la empresa Servinabar). Con todo, el juez avisa que también forman parte de esta primera trama “personas cuya identidad todavía no se ha esclarecido”.

“No consta que haya fondos europeos”

La segunda de las organizaciones la componen José Luis Ábalos y Koldo García (ambos en su condición de autoridades o funcionarios públicos), además de Víctor de Aldama (presunto comisionista), el empresario de Levantina Ingeniería y Construcciones José Ruz; y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menández; estos últimos dueños de Obras Públicas y Regadíos y cuñados de Fernando Merino.

Del mismo modo, el magistrado determina que se están investigando cinco licitaciones de Adif -ente que en el momento de los hechos presidía Isabel Pardo de Vera- y cinco de la Dirección General de Carreteras. Según explica, en estos momentos están pendiente de recabar un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aunque por el momento “no consta que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea”. Pese a ello, puntualiza que tampoco puede descartarse que se hayan invertido fondos comunitarios en estas millonarias adjudicaciones.

La Fiscalía Europea se dirigió al alto tribunal tras recabar una denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que advertía de la posible existencia de delitos de corrupción que afectarían a los intereses financieros de la Unión Europea. En concretó, se identificó el proyecto ferroviario Corredor Mediterráneo Murcia-Almería, sección Pulpí-Vera (gestionado por ADIF), para el contrato que fue a parar a la empresa Acciona Construcción por 71 millones de euros.

Denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

Del mismo modo se advirtió de que la empresa Construcciones y Excavaciones Erri Berri realizó entre 2023 y 2024 dos pagos por 100.000 euros a Servinabar(empresa que controlaría en última instancia Santos Cerdán). La denuncia sostiene que el pago respondería a un “soborno” tras haber obtenido obras por 2,4 millones de euros del Gobierno de Navarra, financiadas por el programa Next Generation EU.

Finalmente, se puso el foco también en la obra del Ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat, ya que está financiada bajo el Mecanismo Conectar Europa. A la denuncia de la OLAF se adjuntó una carta remitida el pasado 26 de junio desde la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea (DG REGIO) en la que se identificaron un total de nueve obras bajo sospecha de estar financiadas con fondos europeos.

Destacan, entre otras, las obras del soterramiento de la red ferroviaria ciudad de Murcia; el corredor Mediterráneo Murcia Almería, tramo Pulpí-Vera; la construcción del Ferrocarril Saint Feliu de Llobregat; el tramo de la autovía A 68 Arrúbal-Navarrete; la construcción del Puente del Centenario en Sevilla o las obras de la Autovía A12 Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río.

La Razón

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