Ana Pardo de Vera.

El tratamiento que Ana Pardo de Vera ha dado al informe de la UCO sobre una investigación judicial no es un simple ejercicio de interpretación mediática: es un síntoma de cómo una parte del periodismo ha renunciado a su función esencial —vigilar al poder— para convertirse en su altavoz.

La cobertura del caso ha sido cualquier cosa menos neutral. En lugar de buscar la verdad, se ha construido un relato. En lugar de ofrecer contexto, se ha intentado desactivar el impacto político del informe. Esa estrategia comunicativa, disfrazada de análisis periodístico, demuestra hasta qué punto ciertos profesionales han optado por blindar a sus referentes políticos incluso a costa de la credibilidad de la prensa.

Pardo de Vera no es una periodista menor ni una voz marginal: su presencia mediática le otorga una responsabilidad añadida. Por eso resulta aún más preocupante su tendencia a enmarcar los hechos judiciales dentro de un discurso ideológico que protege a unos y castiga a otros. El periodismo, cuando se entrega a esa dinámica, deja de ser periodismo: se convierte en propaganda.

El informe de la UCO merecía un debate serio, con datos, con matices, con sentido de justicia. Lo que ha recibido, en cambio, es una campaña de relativización y ruido. Y ahí es donde se revela la fractura ética del oficio. No se puede hablar de independencia mientras se actúa como defensora de causas políticas; no se puede reclamar rigor cuando se parte de una posición militante.

El problema no es solo de Pardo de Vera. Es de un ecosistema mediático que premia la fidelidad ideológica por encima de la honestidad profesional. Pero en su figura se resume un mal más profundo: la sustitución del periodismo por el activismo disfrazado de análisis.

Mientras algunos periodistas sigan utilizando el micrófono como escudo político, el periodismo seguirá perdiendo su poder más valioso: el de incomodar a todos por igual. Y cuando eso ocurre, ya no hablamos de prensa libre, sino de un instrumento del poder que dice combatir.