Gateway Hispanic.- En España, la libertad de expresión y de religión se encuentra gravemente amenazada. El caso del sacerdote católico Custodio Ballester, quien enfrenta hasta tres años de prisión por predicar contra el fundamentalismo islámico, ha suscitado un debate nacional e internacional. Lo más impactante del caso es que, según sus propias declaraciones, el padre Custodio nunca se refirió a todos los musulmanes, sino específicamente a las facciones radicales que promueven la violencia y el terrorismo.

A pesar de esta aclaración, el sistema judicial español, influenciado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, sigue adelante con un posible juicio programado para los próximos meses. De confirmarse, esto marcaría una situación sin precedentes: un sacerdote católico procesado no por incitar al odio, sino por advertir sobre los peligros del extremismo. Para muchos, esto refleja una preocupante doble moral.

Mientras sacerdotes y líderes cristianos enfrentan persecución legal por defender su fe o advertir sobre amenazas reales, quienes apoyan abiertamente grupos como los talibanes o movimientos islamistas radicales permanecen al margen de la ley. Esta contradicción expone la fragilidad de las libertades bajo un gobierno más preocupado por la corrección política que por la defensa de los valores fundamentales.

Las palabras del Padre Custodio no son un llamado al odio, sino una advertencia contra una ideología que ha causado muerte, persecución y atentados terroristas en todo el mundo. Su misión, como él mismo ha declarado, es defender a los cristianos y proteger la identidad cultural de España. Sin embargo, en el clima político actual, incluso una defensa tan básica se considera un delito.

Los críticos del gobierno socialista argumentan que esto constituye un ataque directo a la Iglesia católica y a la tradición cristiana europea. No se trata de un caso aislado: en toda Europa, las expresiones críticas con el islam se ven cada vez más restringidas, al tiempo que se promueven narrativas multiculturales, dejando vulnerables y silenciados a quienes defienden su herencia.

La oposición conservadora española ha denunciado esto como censura ideológica. En lugar de proteger a la ciudadanía de ideologías radicales que representan una amenaza comprobada, el gobierno de Sánchez busca criminalizar a quienes se manifiestan en su contra. Argumentan que esta inversión de los valores democráticos no puede ignorarse.

La preocupación no se limita a España. En Latinoamérica, muchos observan atentamente y se preguntan si esto es un anticipo de lo que podría suceder en sus propios países. ¿Podría un sacerdote católico ser castigado algún día en países de mayoría cristiana simplemente por advertir sobre ideologías extremistas? Es una pregunta legítima, que debería alarmar a todo defensor de la libertad.

El caso del padre Custodio Ballester plantea un dilema moral y político fundamental: ¿puede una nación democrática criminalizar la verdad simplemente porque esta desafía a las élites progresistas? Si la justicia española sigue adelante, sentará un precedente peligroso que podría extenderse por todo el mundo occidental.

Los conservadores exigen una firme defensa de la libertad de expresión y religión, pilares esenciales de la democracia. Guardar silencio mientras un sacerdote es perseguido en España significaría abrir la puerta a una censura más amplia de todos los que viven y hablan según su fe cristiana.