El delito de odio, en su aplicación práctica, se ha convertido en un terreno pantanoso donde la frontera entre proteger y censurar se difumina peligrosamente.

Es por ello que Vox haya hecho pública su intención de despenalizar esta figura penal.

De hecho, el líder de Vox, Santiago Abascal, propuso ya en abril de 2020 despenalizar los llamados delitos de odio, considerados por muchos un instrumento represivo contra la disidencia ideológica.

“Quieren perseguir la opinión, como le está ocurriendo a nuestro secretario general Javier Ortega, al que está investigando la Fiscalía por haber dicho que estamos en contra de la invasión islamista; es decir, de aquellos que quieren imponer la sharia. Nosotros no nos vamos a callar. No solo eso: el día que gobernemos vamos a acabar con esas leyes que nos quieren amordazar e intentaremos que haya otras leyes para perseguir a los cómplices de la invasión islamista en España”, señaló el líder de Vox en un programa televisivo.

Sus palabras hacían referencia a la investigación iniciada por la Fiscalía para discernir si el número dos de Vox cometió un delito de incitación al odio contra los musulmanes.

La ley a la que se refería Abascal es el artículo 510.1 del Código Penal, que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel a quienes “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo […] por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias”.

En el mismo espacio, Abascal no solo propuso “acabar con esas leyes que nos quieren amordazar”, sino que añadió: “Intentaremos que haya otras leyes para perseguir a los cómplices de la invasión islamista en España”.

Olona ya solicitó la comparecencia de la ministra de Justicia

En ese sentido, la ex portavoz adjunta del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, solicitó a la Mesa del Congreso de los Diputados la comparecencia en la Comisión de Justicia de la ex ministra de Justicia, Pilar Llop, para que explicase los criterios mantenidos y las actuaciones realizadas por la Fiscalía en materia de delitos de Odio contra el director de Alerta Digital y dos sacerdotes. Las actuaciones de la ex fiscal de odio en Málaga, María Teresa Verdugo, actualmente ocupando un alto cargo en el Ministerio de Igualdad, se sustentaron en una denuncia presentada contra Armando Robles y los sacerdotes Custodio Ballester y Jesús Calvo, por una asociación islámica subvencionada que exalta al régimen terrorista de los talibanes y cuyo presidente, Ibrahim Pérez, ha insultado reiteradamente a los católicos.

Algunos comentarios de los lectores de AD sobre el islamismo fueron tomados como base indiciaria por la ex fiscal Verdugo para pedir el encarcelamiento de Robles, Ballester y Calvo, así como el cierre de nuestro medio.

Vox respondió a estas amenazas pidiendo explicaciones a la ex ministra de Justicia sobre los criterios que se utilizaron para dar causa a juna denuncia por un supuesto delito de odio proveniente de una entidad que ensalza el odio patológico a las mujeres representado por los talibanes afganos.