Manuel Recio Abad.- La tauromaquia es un complejo entramado de arte, espectáculo, tradición y controversia, que se encuentra en el centro de un debate público cada vez más polarizado. En España, la etiqueta de «fiesta nacional», enarbolada por ciertos sectores políticos, ha convertido a los toros en un verdadero campo de batalla ideológico. Lejos de ser una mera cuestión de gustos o tradiciones, la intervención política en la defensa y el mantenimiento de la tauromaquia ha tenido efectos profundos, y a menudo negativos para su propia supervivencia y aceptación social.

Históricamente, figuras políticas de diversas ideologías, pero con una marcada presencia en el espectro conservador, han adoptado la tauromaquia como un estandarte de la identidad española. Esta defensa se manifiesta de múltiples maneras: desde la abundante presencia constantemente de autoridades en los callejones de las plazas de toros, el impulso de subvenciones públicas que no buscan sostener la afición sino más bien la industria del voto que han generado, hasta la firme oposición a cualquier intento de restricción o prohibición en ámbitos locales o autonómicos. La declaración de la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de España por parte del Gobierno central fue un hito político que elevó su protección legal, dificultando así enormemente las iniciativas contrarias a los espectáculos taurinos.

Sin embargo, esta intervención política, lejos de ser un simple acto de protección cultural, ha contribuido a una serie de consecuencias perjudiciales para la propia tauromaquia.

El discurso de «fiesta nacional» y «toros sí» versus «no a los toros» es un caladero de votos que ha transformado una práctica cultural en un símbolo identitario extremo. Los políticos que se alinean férreamente con la defensa de la tauromaquia, a menudo como respuesta a movimientos antitaurinos o animalistas, han exacerbado la polarización porque no actúan de forma idónea. Esto ha llevado a que la afición se fortifique en su identidad, pero al mismo tiempo provoca una reacción adversa en amplios sectores de la sociedad, especialmente a las generaciones más jóvenes, que perciben la tauromaquia como algo ajeno y alejado.

La defensa política de la tauromaquia se basa en una visión inmovilista y acrítica enfrentada a las crecientes preocupaciones de partidos y asociaciones animalista sobre el bienestar animal y a los debates sobre la evolución de las sensibilidades sociales, muchos defensores políticos optan por la negación o la descalificación de estas críticas. Es decir, se entra en la confrontación política y los toros deben estar al margen de eso. Crean artificialmente una resistencia a dialogar, provocando en la sociedad un dilema sobre la consideración de posibles adaptaciones en la práctica taurina. Todo ello condena a la fiesta a ser considerada como algo arcaico e inmutable, desconectado de la realidad social y ética del siglo XXI y nada más lejos de la realidad. Parece que la misma protección que intentan darle, la condena al aislamiento. Así aparece la dicotomía toros de derecha y toros de izquierda.

La existencia de subvenciones públicas, a menudo justificadas por el supuesto valor cultural o económico de la tauromaquia, genera una dependencia que levanta serias dudas. La defensa política de estas ayudas se percibe como un privilegio o una priorización injustificada frente a otras necesidades culturales. En lugar de ser autosuficiente, la fiesta se convierte en rehén de decisiones políticas y eso generar desconfianza, pudiendo resultar una práctica restrictiva de la competencia.

La fuerte carga política que envuelve a la tauromaquia permite a sus defensores desestimar las objeciones éticas como meros ataques a la tradición o a la cultura española.

En definitiva mientras que la intervención política ha proporcionado herramientas legales y visibilidad mediática a la tauromaquia, desde una perspectiva crítica, esta defensa ha sido más una manifestación de una agenda particular que un impulso genuino y consensuado para la preservación de un patrimonio vivo.

Se ha presentado un nuevo invento político, artificial denominado Sevilla Ciudad Taurina. Un foro para el desarrollo de la cultura taurina y con ello el consistorio fusila en sus fines y contenido el diseño de la Asociación Hispalense de Tauromaquia, fundada por profesionales y aficionados del mundo de la Fiesta a la que incomprensible e injustificadamente y con burdas excusas, se le retiró el apoyo y patrocinio del acto de presentación, allá por el mes de abril.Muchas horas e ilusiones malgastadas por todos sus componentes,debido a la insaciable codicia electoralista y de imagen de los concejales de turno.

La tauromaquia, al ser convertida en un símbolo político, corre el riesgo de perecer no por falta de defensores en las instituciones, sino precisamente por el exceso de una defensa que la está alienando, polarizando y desconectando de gran parte de la sociedad a la que, supuestamente representa y a la cual pertenece. Al pueblo lo que es del pueblo y como escribió nuestro poeta Juan Ramón Jiménez “No la toques ya más, que así es la rosa”.

El nuevo Reglamento Taurino de Andalucía, o la retransmisión íntegra en abierto de los festejos a celebrar durante la Feria de San Miguel en la Real Maestranza, son efemérides a agradecer. Pero de eso a pretender aprovecharse políticamente del resurgir que la tauromaquia está teniendo hoy en España va un largo trecho. Señores políticos…a lo suyo y por favor dejen espacio en los callejones a los profesionales para que puedan desarrollar su trabajo de forma más cómoda y eficaz.