La movilización de un buque de la Armada para dar escolta a una flotilla de embarcaciones privadas que se autotitulan como humanitarias merece unas explicaciones que el Gobierno no está proporcionando y la oposición no está pidiendo. Sánchez dio, desde Nueva York, en plenas imputaciones a su hermano y a su esposa, una orden disponiendo del buque como si fuera un jefe de Estado plenipotenciario y pasando por encima de las dificultades que representa «proteger» a un grupo de barcos que dicen haber sido ya atacados con drones, más aún si pretenden llegar a las costas de Gaza.

Calificar esta asistencia militar como humanitaria no es suficiente para tapar los riesgos que entraña desplazar un buque de guerra a una zona de combate, más aún después de que el Gobierno israelí haya advertido de que tratará a la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg como a otras anteriores.

En este contexto de conflicto armado, cualquier orden que conlleve la posible intromisión de una unidad militar extranjera es un riesgo evidente. Y, además, es también injustificado, porque el Estado no tiene por qué prestar cobertura militar a actos privados que buscan, sobre todo, propaganda y no aliviar las carencias de la población gazatí, que reclaman una urgencia a la que no puede –ni pretende– responder esa flotilla.

El Gobierno tiene que detallar el coste que supondrá el despliegue del patrullero Furor y explicar las razones por las que ese dinero se destinará a dar cobertura a un grupo de barcos que no tienen representación ni mandato oficial. Puestos a dar respaldo a iniciativas humanitarias, ¿desplegará el Gobierno soldados españoles para amparar a los misioneros católicos que se juegan la vida dando de comer y protección a los más necesitados, allí donde nunca va una Colau ni una Thunberg? Se trata del mismo Ejecutivo que dejó en la estacada a sus aliados en el estrecho de Ormuz para proteger el tráfico marítimo –del que se beneficia España– frente a los ataques de los hutíes.

Esta manipulación de las Fuerzas Armadas para desviar la atención del deterioro político que sufre el presidente del Gobierno también tiene una repercusión legal, porque, en definitiva, estamos ante una misión que implica un riesgo militar y, por esto mismo, probablemente debería haber sido conocida y autorizada por el Congreso de los Diputados. Hay dudas de que no vulnere la ley de Defensa Nacional.

Además, no es suficiente con informaciones difusas sobre la decisión de Sánchez: es preciso saber los términos de la orden emitida por el presidente del Gobierno, cómo ha sido articulada por el Ministerio de Defensa y el mando operativo competente, qué objetivos concretos persigue el despliegue de la fragata Furor y, sobre todo, si los oficiales al mando de este buque de guerra han recibido normas de enfrentamiento en caso de que la flotilla sea abordada por tropas israelíes. Tampoco basta con saber que el patrullero español no entrará en aguas jurisdiccionales de Israel, porque las autoridades judías no suelen esperar a que las embarcaciones con destino a Gaza entren en esas aguas. ¿Qué hará entonces el buque español si las unidades israelíes toman los barcos a la fuerza o los obligan a cambiar de rumbo con disparos de advertencia? Sánchez se ha comportado irresponsablemente, una vez más, en materia exterior, solo por su fijación obsesiva con la situación judicial que le afecta directamente. En esta ocasión, ha pasado de interponer una querella temeraria contra el juez Peinado a meter un buque de la Armada en una zona de conflicto.