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El juez Juan Carlos Peinado ha informado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid cita a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, para la “comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado”, en la que las acusaciones deberán exponer los hechos y los delitos que les atribuyen.

Peinado ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si esta desempeñó funciones privadas para Gómez.

El instructor explica que, aunque en un principio “se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella” de Vox dirigida contra Gómez y Álvarez, “la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”.

En este sentido, insiste en que “ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación”.

Así las cosas, asegura que ha adoptado la decisión de transformar las diligencias a raíz de las diligencias practicadas durante la investigación: la toma de declaración de los tres investigados y de una serie de testigos, incluido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Recalca que Gómez solo contestó a su abogado

En el marco de la resolución, el juez hace referencia a lo “acontecido el día 10 de septiembre”, cuando “ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados de la defensa, incluido el del otro investigado, hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre, que hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo”.

Al hilo, además, recalca que las preguntas que Begoña Gómez contestó a su defensa, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, “no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”.

Así las cosas, entiende que dicha decisión de Gómez, “unido a los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio”, “se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta”.

Y sostiene que, de los interrogatorios y dichos correos, se aprecian “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos” en el marco del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.

El pasado 10 de septiembre, la esposa de Pedro Sánchez explicó durante unos cinco minutos las funciones de trabajo de su asesora y reiteró -como indicó su letrado en recursos anteriores- que Álvarez siempre se ha dedicado a la organización de su agenda y a acompañarla a actos oficiales, al tiempo que manifestó que esta le hizo algún “favor” en ocasiones excepcionales.

Además, Gómez aseguró que desconocía el proceso de nombramiento de Álvarez como personal eventual en Moncloa e indicó que la eligió por sus conocimientos y porque tenía una relación de amistad previa con ella.

La defensa de Gómez alegó en un recurso que presentó ante la Audiencia de Madrid que “la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación”.

En este sentido, el abogado precisó en su recurso que Álvarez desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo y recordó que las condiciones del puesto son “de plena disposición, 24 horas 7 días a la semana”.

En el marco de la causa consta un correo de febrero de 2024 que Álvarez envió a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale.

“Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, se lee en la posdata del ’email’.

Pendiente de la Audiencia de Madrid

Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios -como el investigado Juan Carlos Barrabés- que se presentaban a licitaciones públicas.

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Desde entonces, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.

Así, al margen del delito de malversación que se investiga en la pieza relativa a la contratación de Álvarez, Gómez también está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que en este momento la Audiencia Provincial de Madrid tiene ocho recursos pendientes de resolver relativos a esta causa; seis de ellos ya están en trámite, y algunos comienzan a deliberarse los días 29 de septiembre y 6 de octubre.