Mayte Alcaraz.- Corría el verano de 2023 e Irene Montero ya sabía que le quedaba menos tiempo en el Ministerio de Igualdad que a un caramelo en la puerta de un colegio. Ya había logrado endilgarnos uno de sus hitos, el más deleznable y el que más ha favorecido a los abusadores y maltratadores de mujeres: la ley del solo sí es sí. Había que neutralizar las críticas por la excarcelación de más de un centenar de agresores sexuales y la reducción de penas de otros 1.300, y no se le ocurrió otra cosa que, cuatro meses antes de ser destituida por Sánchez, cambiar los sistemas de las pulseras antimaltrato, gastándose 50 millones de euros, con la excusa de repartir también estos dispositivos telemáticos entre las víctimas de violadores que hubieran visto recortada la cárcel por culpa de la norma podemita. Así que con la frivolidad que le caracteriza, cambió un modelo que no había dado problemas, compró otras pulseras que también se pueden adquirir a través de la plataforma china de venta online AliExpress, como ha denunciado el sindicato policial mayoritario Jupol, y adjudicó el contrato a una UTE cuyo proyecto de almacenamiento había calificado el propio ministerio de «deficiente» y «poco preciso». Así que, deprisa y corriendo, hubo que realizar la migración del anterior servicio a la nueva adjudicataria que, como hubiera previsto cualquier mente con alguna neurona en funcionamiento, generaría disfunciones con consecuencias graves. Eso es justo lo que sucedió.

Así que la jefa de la banda de la tarta provocó con este dislate que los problemas de descarga de un proveedor a otro derivaran en un apagón que no permitió acceder a información anterior a marzo de 2024, además de generar dificultades para la geolocalización y el uso correcto del dispositivo telemático por parte de los investigados. Resultado: sobreseimientos provisionales y fallos absolutorios en los tribunales por falta de pruebas sólidas. En consecuencia, el CGPJ, alertado por los jueces que sufrían lagunas informáticas para detectar violaciones en las órdenes de alejamiento, hizo saber a la sucesora de Montero, la ministra amiga de Óscar Puente, Ana Redondo, que el sistema carecía de garantías. Esta ministra que se estrenó gritando como una energúmena en el Congreso contra un diputado del PP por la violencia de género, calló y nada hizo. Hasta que la Fiscalía General, no la fachosfera, sino la Fiscalía de García Ortiz, en su memoria anual, puso negro sobre blanco este escándalo que el Gobierno no detectó. Por cierto, tampoco la oposición.

Así supimos que durante ocho meses de 2024 Redondo había callado mientras la ineficacia de estas pulseras puso en riesgo la protección de las víctimas. Es decir, los juzgados padecieron un apagón informativo respecto a si un maltratador o agresor sexual incumplía una orden judicial. La ministra habla de casos puntuales y los jueces aseguran que fueron recurrentes. No solo la migración de datos fue nefasta, sino que las pulseras eran fácilmente extraíbles por parte de los delincuentes, que podían quitársela con casi igual facilidad con la que uno se desabrocha un brazalete del mercadillo.

Así que este Gobierno feminista es todo menos un Gobierno que protege a las mujeres. Tras el solo sí es sí y la ley trans, que partió en dos el movimiento feminista, llegaron los audios del exministro Ábalos y Koldo repartiéndose prostitutas, las saunas del padre de Begoña y ahora el desastre de las pulseras de control a distancia. Sánchez es un auténtico fiasco para las mujeres. Yolanda Díaz, tan feminista ella, ahora disculpa que «todo puede fallar», Redondo reduce su efecto a un 1 % de casos –que se lo explique a las damnificadas que conforman ese porcentaje– pero lo que las mujeres están deseando es que este desastre deje de gobernar contra ellas. Saben que son usadas como materia de propaganda contra la derecha, pero olvidadas cuando son víctimas de las políticas, el caos y la ineficacia culposa de la izquierda.

En 2023, el electorado femenino –y Puigdemont– permitió al líder socialista mantener el poder. Hoy, según el CIS, ese voto ha caído del 26,2 % al 19,4 %. Que la seguridad de ese casi 20 % de mujeres que todavía apoya a la izquierda –incluidas Irene y Ana– no tenga nunca que depender de las pulseras de los chinos de Sánchez.