Manuel Recio Abad.- La vivienda es uno de los pilares fundamentales del bienestar y la estabilidad social. Disfrutar de un techo se ha convertido en España en un desafío creciente para millones de personas. La escasez de oferta asequible y accesible, unida a una demanda persistente y en aumento, ha generado una “tormenta perfecta” que amenaza con erosionar la cohesión social y económica del país. Esta situación nos invita a mirar hacia otras latitudes, como el Brasil del siglo XX y el surgimiento de las favelas en Río de Janeiro, no para establecer una equivalencia literal, sino para extraer advertencias sobre las consecuencias de la inacción ante un problema habitacional de proporciones mayúsculas.

El mercado de la vivienda español se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la demanda es impulsada por múltiples factores. En primer lugar por el crecimiento demográfico, tanto por el aumento de la esperanza de vida como por la inmigración; los cambios en la estructura familiar, con un número creciente de hogares unipersonales o con menos miembros. En segundo lugar y de manera muy significativa, el auge del turismo y la inversión extranjera, que desvían propiedades del mercado residencial de viviendas de todo tipo, hacia usos más lucrativos como el alquiler vacacional o la adquisición como activo financiero.

Esta demanda choca frontalmente con una oferta limitada, inadecuada y a menudo desalineada con las necesidades de la mayoría.

En tercer lugar la escasez de suelo urbanizable disponible, apto para su edificación a precios asequibles, debido a una espantosa e injustificada lentitud administrativa, provocada más por los funcionarios que por los responsables políticos, en la planificación, gestión, confección de informes sectoriales y concesión de licencias.

Si a todo esto unimos la falta de inversión pública en ayudas reales a la promoción privada de viviendas sociales, se ha creado un angosto cuello de botella.

España, a diferencia de otros países europeos, cuenta con un porcentaje ínfimo de vivienda pública o social en su parque habitacional, dejando a gran parte de la población a merced de un mercado libre cada vez más tensionado. Se construye menos de la cuarta parte de las viviendas que se demandan anualmente y eso tras años de actividad mínima del sector tras la crisis financiera de 2008.

Las consecuencias son palpables: la dificultad de los jóvenes para emanciparse, el aumento de la precariedad y la desigualdad, el aumento de los precios de mercado debido al que se ha producido en la mano de obra y los materiales de construcción.

Otra preocupación a añadir estaría en la presión sobre los salarios, devaluados en su capacidad adquisitiva y de endeudamiento debido al alza de los precios de los bienes de primera necesidad e impuestos indirectos abusivos, que encima se ven devorados por alquileres o hipotecas inasumibles.

Deberíamos atender al paralelismo histórico que supuso la creación de las favelas en Río de Janeiro. Para comprender la gravedad de la situación actual en España, puede ser instructivo observar el caso de estas concentraciones habitacionales de infraviviendas contrarias al ordenamiento urbanístico, las favelas de Río de Janeiro.

A finales del siglo XIX y principios del XX, Brasil experimentó una rápida urbanización e industrialización que provocó una migración masiva del campo a las ciudades. Miles de personas llegaban a Río en busca de oportunidades, pero se encontraron con una ciudad sin la infraestructura ni las políticas de vivienda necesarias para absorberlos. Ante la imposibilidad de acceder a suelo legal y a viviendas ordenadas, estas poblaciones no tuvieron más remedio que auto-construir sus hogares en las laderas de los morros, dando origen a las favelas. Estos asentamientos informales carecían de servicios básicos como agua potable, saneamiento o electricidad, y sus habitantes se enfrentaban a la exclusión social, la marginalización y, a menudo, a la violencia.

En 2004, Río de Janeiro tenía en su territorio 750 favelas, que representaban un área total de 42,89 km². Actualmente Río de Janeiro tiene 968 favelas, habitadas por más de dos millones de personas. El surgimiento de las favelas fue el resultado directo de la falta de planificación urbana y de políticas de vivienda social que respondieran a las necesidades de una población creciente y empobrecida.

Es preciso señalar que el contexto español actual es radicalmente diferente al del Brasil de hace un siglo. España cuenta con un marco legal consolidado aunque desmañado y patoso en su gestión y demasiadas administraciones vinculadas al proceso constructivo.

Disponemos de un nivel de desarrollo socioeconómico que, afortunadamente, podría evitar bien utilizado, una replicación literal de las favelas. Sin embargo, el paralelismo reside en la advertencia y es que la inacción frente a una crisis de vivienda puede generar consecuencias sociales muy graves. Si la brecha entre oferta y demanda se agrava sin soluciones, podríamos ver un aumento de la infravivienda, la saturación de zonas de baja calidad, una creciente gentrificación, es decir, un proceso de transformación urbana donde un barrio o zona deteriorada es revalorizada, atrayendo a nuevos residentes de mayor poder adquisitivo que terminan desplazando a la población original de menores recursos, que termina por expulsar a los residentes de sus barrios de toda la vida y crea una creciente y peligrosa polarización social.

La falta de acceso a una vivienda digna, aunque no se manifieste en chabolas, lleva inexorablemente a formas de exclusión y precariedad que minan la calidad de vida y la cohesión comunitaria.

Abordar la crisis de vivienda en España requiere un enfoque variado y decidido. Es fundamental aumentar sustancialmente la oferta de vivienda pública y social de superficies y precios reducidos, invirtiendo en la construcción y la rehabilitación para crear a la vez un parque de alquiler asequible, eliminando la ocupación ilegal que solo genera inseguridad jurídica a los arrendadores.

Paralelamente, es necesario regular el mercado del alquiler, sin medidas absurdas y obsoletas que intenten controlar los precios de mercado. El intento de control por parte del Estado sólo sirve para desincentivar la inversión.

La agilización de los trámites burocráticos y la incentivación a la construcción de vivienda asequible, tanto por parte del sector público como privado, son pasos esenciales. Asimismo, se deben poner en práctica de manera urgente políticas que limiten el uso de la vivienda como un mero activo financiero de acumulación por los fondos de inversión, priorizando su función social.

La crisis de la vivienda en España no es solo un problema económico; es un problema social y de derechos humanos que requiere una atención urgente sin paños calientes ni engaños electoralistas.

La historia de las favelas de Río de Janeiro nos enseña que ignorar las necesidades habitacionales de la población puede tener consecuencias devastadoras, si bien las manifestaciones puedan ser distintas. España tiene la oportunidad de aprender de estas lecciones y actuar con determinación para garantizar que el derecho a una vivienda digna y asequible sea una realidad para todos sus ciudadanos.

La inacción no es una opción si queremos construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.