Manos Limpias ha interpuesto este lunes una denuncia en la que acusa al presidente del Gobierno de haber incurrido en un delito de incitación al odio contra el equipo de Israel que participó en la Vuelta ciclista a España, según cuenta La Razón citando fuentes jurídicas.

El sindicato de Miguel Bernad lleva a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo (TS) después de que mostrase su “admiración” por las protestas a favor de Palestina que han marcado esta última edición de la competición deportiva.

Fue este pasado domingo cuando, durante el acto de presentación de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía, dejó ver su respaldo “a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina”.

Para el denunciante, el jefe del Ejecutivo protagonizó una apología al odio contra los ciclistas israelíes con la “rotunda, apasionada y violenta arenga de apoyo” que dirigió públicamente a los manifestantes “que iban a reventar la final de la Vuelta ciclista en la ciudad de Madrid”.

Le atribuye el ser plenamente consciente de que las movilizaciones que se venían produciendo, al paso de la competición deportiva por distintas localidades españolas, “habían sido violentas” y que, en el caso de Madrid, “por el amplio dispositivo policial, era de prever alcanzara dimensiones incalculables, circunstancia esta, que así sucedió”.

El colectivo de funcionarios defiende que “el apoyo” de Sánchez y otros “miembros de su gobierno” a las concentraciones propalestinas dio “alas, respaldo y aval” a los manifestantes para “actuar violentamente”.

En la acción penal, a la que tenido también acceso este diario, se recuerda que durante la etapa final de la Vuelta -que tuvo lugar ayer en la capital y se acabó cancelando por las protestas- hubo más de 25 heridos entre los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí desplegados, y la jornada se saldó con dos detenidos. Por ello, también atribuye al líder del PSOE el haber incitado a los desórdenes públicos.

Manos Limpias también dirige su denuncia contra la líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada morada Irene Montero por su participación en unas protestas que -entiende- iban dirigidas a lograr la cancelación del evento de ciclismo. “El objetivo se consiguió”, remarca, en este sentido.

Por otro lado, subraya ante la Sala de lo Civil y Penal que se han producido “daños económicos” a las empresas publicitarias que “promocionan” La Vuelta, pero también “a la propia imagen de España a nivel nacional e internacional”.

Finalmente, el sindicato aprovecha para aclarar que no han denunciado estos hechos ante el fiscal general del Estado “por su dependencia” respecto al máximo responsable del Ejecutivo y la “situación de imputado, ya en juicio oral” en la que se encuentra Álvaro García Ortiz.

Considera que la actuación de la Fiscalía General del Estado “sería lisa y llanamente el rechazo de la denuncia, no promoviendo la persecución” de los dos delitos por los que han llevado ante la Justicia a Sánchez.