AD.- Durante la última etapa de La Vuelta ciclista a España, manifestantes pro palestinos interrumpieron el recorrido en protesta por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech, en el contexto de la ofensiva militar en Gaza. Pedro Sánchez expresó su “admiración” por quienes se movilizan contra la injusticia y cuestionó si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales, comparándolo con la exclusión de Rusia tras la invasión de Ucrania. La Vuelta fue escrachada por la izquierda radical durante días y suspendida en la última etapa con graves disturbios a su llegada a Madrid.

Sin embargo, la Fiscalía de odio en este caso permanecerá silente, pues se debe al gobierno que preside el mismísimo Pedro Sánchez. El fiscal dirá que el presidente no hizo un llamamiento explícito al escrache ni a la violencia, sino que expresó una postura política sobre la participación de Israel en eventos deportivos. Afirmará que las protestas fueron convocadas por colectivos civiles, y aunque derivaron en la suspensión de la etapa, no está claro que haya habido incitación directa desde el Gobierno.

La Fiscalía aducirá que actúa con base en pruebas jurídicas, no en valoraciones políticas o diplomáticas, por lo que la crítica internacional (como la de Israel o la UCI) no implica automáticamente una actuación penal.

Es aquí entonces donde entra la interpretación jurídica. Sánchez expresó su “admiración” por quienes protestan contra la injusticia en Gaza y cuestionó si Israel debería seguir compitiendo en eventos deportivos. Pero como no hizo un llamamiento explícito a la violencia ni al escrache; no se dirigió contra el equipo ciclista como individuos, sino contra el Estado de Israel como actor político, por tanto, no hay pruebas de que sus palabras provocaran agresiones físicas o amenazas directas.

Desde el punto de vista legal, dirá el fiscal, la crítica política a un Estado no equivale automáticamente a incitación al odio, aunque pueda generar controversia o malestar. La jurisprudencia española protege la libertad de expresión, incluso cuando es incómoda o provocadora, siempre que no cruce el umbral de la incitación directa o indirecta a la violencia.

Pero, ¿y si en las palabras del presidente hay no una incitación directa sino indirecta? Ah, es que entonces la incitación indirecta es más difícil de probar. Requiere demostrar que: las palabras del autor fomentaron un clima de hostilidad real, hubo una intención clara de provocar discriminación o violencia y que se produjo una alteración de la paz pública o un sentimiento de inseguridad.

Como es el arbitrio de la fiscalía el que considera si se cumplen esos requisitos, nunca se abrirá causa legal contra Sánchez, por muchos disturbios que se hayan producido, pues el “delito de odio” es siempre relativo a quien presuntamente lo comete.

En los últimos años, hemos asistido a una preocupante deriva en la aplicación del delito de odio en España. Lo que nació como una herramienta jurídica para proteger a “colectivos vulnerables frente a la discriminación y la violencia”, hoy parece haberse convertido en un instrumento selectivo, aplicado según el color ideológico del acusado.

Mientras sacerdotes como Custodio Ballester o Jesús Calvo, y periodistas como Armando Robles, son perseguidos por expresar opiniones incómodas —pero amparadas por la libertad de expresión—, figuras institucionales como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueden cuestionar públicamente la participación del equipo ciclista israelí en una competición deportiva y admirar a los que provocan disturbios contra ellos sin que la Fiscalía mueva un dedo.

¿Dónde está el límite entre la crítica política y la incitación al odio? ¿Por qué se considera delito cuando un sacerdote alerta sobre el islamismo o el plan Kalergi, pero no cuando un presidente legitima el escrache contra deportistas por su nacionalidad?

La ley exige que el delito de odio implique incitación directa o indirecta a la violencia, discriminación o hostilidad. Pero en muchos casos, lo que se castiga no es el contenido del mensaje, sino quién lo pronuncia. Se ha creado un clima en el que ciertos discursos son automáticamente etiquetados como peligrosos, si provienen de voces patrióticas o religiosas, mientras que otros, aunque generen tensión social y hasta agresiones físicas, son tolerados si se alinean con el discurso oficial.

Esto no es justicia. Es ideología disfrazada de legalidad.

La libertad de expresión no puede ser patrimonio exclusivo de unos pocos. Si queremos una sociedad verdaderamente democrática, debemos aplicar la ley con equidad, sin prejuicios ideológicos ni favoritismos institucionales. Porque cuando la justicia se convierte en herramienta política de control y coacción ideológica, deja de ser justicia.