Zapatero y Maduro.

Antonio Ledezma.- La oscuridad de la tiranía suele intentar ocultar sus crímenes bajo un manto de negación y propaganda. Sin embargo, la verdad, como el sol, termina por abrirse paso. Y hoy, la verdad que emerge con una fuerza innegable es que el régimen de Nicolás Maduro no es solo una tradicional dictadura, sino una peligrosa estructura narcoterrorista que amenaza la estabilidad de toda una región y la seguridad global.

¿Hay pruebas de que Maduro encabeza un cártel narcoterrorista? Sí. La respuesta es un rotundo y contundente sí, respaldado por una montaña de evidencias irrefutables y por las clasificaciones de las más altas y prestigiosas instancias de Inteligencia y Justicia del Gobierno de los Estados Unidos. No estamos hablando de suposiciones, rumores o acusaciones sin fundamento político, sino de conclusiones extraídas de rigurosas, exhaustivas y metódicas investigaciones forenses y de Inteligencia.

Las pruebas han sido meticulosamente presentadas y demostradas por investigaciones adelantadas por la DEA (Administración de Control de Drogas) y otras dependencias especializadas de los Estados Unidos, incluyendo agencias de Inteligencia y unidades contra el crimen organizado internacional. Estas agencias han trabajado incansablemente durante años, invirtiendo vastos recursos humanos y tecnológicos para desenmascarar las complejas redes criminales que operan a nivel global. Sus hallazgos, documentados y verificables, apuntan directamente a la cúpula del régimen venezolano, señalando a Nicolás Maduro como el principal orquestador y beneficiario de esta empresa criminal.

Pero la evidencia no se limita a las investigaciones de la DEA. La seriedad de la situación ha llevado a una acción coordinada y sin precedentes de múltiples entidades del Gobierno estadounidense. Los departamentos de Justicia, del Tesoro, de Finanzas y de Defensa de Estados Unidos, cada uno desde su área de competencia, han clasificado unánimemente a esta estructura liderada por Maduro como un «Grupo Terrorista» o una «Organización Criminal Transnacional Terrorista». Esta designación no es una mera formalidad; implica una confirmación oficial y categórica de que las actividades de Maduro y su entorno no solo involucran el tráfico ilícito de drogas a una escala masiva, sino que también tienen un componente terrorista intrínseco. Esto se manifiesta en el uso de la violencia para fines políticos, la desestabilización de países vecinos, el financiamiento de grupos armados irregulares y la amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados.

Para ratificar esta verdad, una y otra vez, y para disipar cualquier sombra de duda, contamos con las declaraciones claras y contundentes de figuras clave como la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi. Bondi ha insistido públicamente, con un conocimiento profundo de los detalles de los casos, en la solidez, la irrefutabilidad y la contundencia de las pruebas acumuladas. Ha enfatizado la necesidad imperiosa de actuar con la máxima contundencia y firmeza contra esta organización criminal que ha secuestrado a una nación y la ha puesto al servicio del narcotráfico y el terrorismo. Su persistencia, su profesionalismo y su claridad en la denuncia pública refuerzan la credibilidad y la urgencia de estas acusaciones.

El régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado, donde las instituciones han sido cooptadas y puestas al servicio de una empresa criminal. Desde el control de rutas estratégicas para el tráfico de cocaína, hasta la complicidad con grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC y el ELN, pasando por el lavado de activos a través de complejas redes financieras internacionales, la evidencia es abrumadora. Este entramado no solo genera riqueza ilícita para la cúpula chavista, sino que también desestabiliza a la región, impulsa la migración forzada y alimenta la violencia en todo el continente.

La verdad, por muy incómoda que sea para algunos, por mucho que intenten maquillarla o negarla, debe ser dicha, expuesta y actuada en consecuencia. Y la verdad es que las evidencias son abrumadoras, las clasificaciones oficiales son inequívocas y las voces de la Justicia internacional son unánimes: Nicolás Maduro y su entorno no son meros líderes políticos, sino los cabecillas de un peligroso cártel narcoterrorista que debe ser llevado ante la Justicia. Es una cuestión de dignidad para el pueblo venezolano y de seguridad para el mundo libre.

La solución no radica en la celebración de más diálogos con el régimen de Maduro, especialmente si se repiten los esquemas del pasado que solo han servido para que la dictadura gane tiempo y se burle de la comunidad internacional. Ejemplos como el diálogo de Barbados, donde el régimen incumplió sistemáticamente los acuerdos, demuestran la futilidad de estas aproximaciones.

La experiencia ha enseñado que Maduro utiliza estos encuentros para legitimar su posición, aliviar la presión internacional y perpetuar su control. La estrategia debe ser reevaluada para evitar caer en la trampa de un «diálogo» que solo busca dilatar la solución y consolidar el poder de una estructura narcoterrorista.